Como complemento de la reforma energética, la fracción del PRI en en el Senado impulsa una iniciativa que crea nuevos tipos penales, como el terrorismo en materia de hidrocarburos y el de sabotaje contra las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que participarán en la explotación del crudo.

Se trata de la propuesta de ley general para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra del patrimonio nacional en materia de hidrocarburos, presentada ante el pleno del Senado por el priísta Omar Fayad.

En la misma se tipifica también el robo y sustracción ilegal de petróleo, con una pena de prisión de 35 años, y se crean los nuevos tipos penales de terrorismo y sabotaje, bajo el argumento de que la industria petrolera es estratégica y sus actividades ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética y financiera del país.

El terrorismo en hidrocarburos es definido como actos violentos contra la industria que produzca alarma, temor o terror en la población, y se propone sancionarlo con una pena de entre 40 y 60 años en prisión.

Por lo que toca a los actos de sabotaje, son aquellos, se señala en la iniciativa, que obstruyan o impidan en forma total o parcial el acceso y afecte el funcionamiento de cualquiera de los equipos, instalaciones o inmuebles de la industria petrolera, desde la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y venta de primera mano.

Se tipificará como robo en la industria de hidrocarburos el que se lleve a cabo en la extracción y distribución en campos petroleros, terminales de almacenamiento y reparto, terminales marítimas, refinerías, en la carga a buques de gran calado.

En la exposición de motivos de la iniciativa se recalca que el crimen organizado ha convertido a la sustracción de hidrocarburos de manera ilícita en una de sus actividades preponderantes y que mayores beneficios económicos le genera.

En contraparte, Pemex ha perdido, de septiembre de 2013 a agosto de 2014, casi 15 mil 300 millones de pesos por el robo de hidrocarburos, ya que la llamada ordeña de ductos ha crecido con rapidez.

En la iniciativa, el senador Fayad recalca que mientras en 2000 se encontraron 155 tomas clandestinas, en 2013 se ubicaron mil 612, y en este año, al cierre de julio, hay el registro de mil 963 puntos de sustracción de hidrocarburos. El robo del combustible lo llevan a cabo desde colonos hasta empresas concesionarias y bandas del crimen organizado.

De ahí que sea necesario endurecer las sanciones y tipificar nuevos delitos. La iniciativa, que tiene el respaldo de la bancada priísta, contribuye a la materialización de la reforma energética, a la seguridad de la economía nacional y al fortalecimiento del estado constitucional y de derecho en México.