En una sesión maratónica, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) peretende aprobar el miércoles las reglas pendientes del juego electoral, cuya primera prueba será el 7 de junio de 2015.

Prepárense para 20 horas de sesión, comentó ayer un consejero, tiempo que se antoja corto si se considera que el Comité de Radio y Televisión ocupó las mismas horas –divididas entre miércoles y viernes pasados– para aprobar su reglamento.

En semanas recientes los 11 consejeros electorales, representantes de 10 partidos políticos y funcionarios del instituto entran y salen de reuniones que desahogan de última hora para cumplir con el calendario impuesto para cumplir la ambiciosa reforma político-electoral, aprobada en mayo de este año.

Los representantes y asesores de los partidos políticos apenas logran leer miles de hojas, enviar sus observaciones, acudir a las sesiones y presentar sus apelaciones ante el Tribunal Electoral. Todo para cumplir con la pesada agenda impuesta por los legisladores que dejaron al INE muchos huecos por llenar.

En el orden del día para el miércoles hay 10 puntos, sin incluir la discusión de los reglamentos esenciales: los de Fiscalización y de Radio y Televisión. Aunque se hizo una tarea previa de planchado de los acuerdos, no se descarta que haya puntos polémicos.

Ya están programadas la aprobación del Reglamento de la Oficialía Electoral del instituto y de los lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

También autorizarán el uso del líquido indeleble y de las boletas electorales que los ciudadanos cruzarán el 7 de junio, así como un informe sobre la destrucción de la documentación generada en dicho proceso.

Definidas las reglas, el INE, con un mayor número de facultades, deberá enfrentar cambios esenciales, como la participación de candidatos independientes, un nuevo modelo de financiamiento y fiscalización, la ampliación del voto en el extranjero, la coordinación estrecha con organismos electorales locales, pudiendo remover consejeros locales, y atraer elecciones estatales. Las consultas populares, otro cambio trascendente, quedaron pendientes tras ser rechazadas por los ministros.