El 31 de octubre venció el plazo que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno federal para responder por la violación de las garantías individuales de Víctor Hugo Cordero Giorgana, ex secretario de protección y vialidad del municipio de Gómez Palacio, Durango, y aún se niega a responder, afirmaron juristas de Jóvenes sin Fronteras (JSF), asociación civil para la defensa de los derechos humanos con sede en Washington.

JSF tomó el caso de Cordero Giorgana a raíz de las amenazas contra abogados, familiares e incluso el propio ex funcionario, recluido en 2013.

Aseguraron que se han documentado varias irregularidades en el proceso penal contra el acusado, quien además fue víctima de tortura, como consignó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango en el oficio 199/13, de enero de 2013.

El organismo dio fe de las lesiones por tortura provocadas a Cordero Giorgana en el Centro Distrital de Readaptación Social número 2, con sede en Santiago Papasquiaro, por lo cual se instruyó al director del penal otorgar al ex funcionario atención médica y garantizar su integridad física.

Los abogados de JSF aseveraron que la detención de Cordero, quien fue “obligado a declararse culpable de homicidio calificado, secuestro y delincuencia organizada, aunque el último cargo se le retiró cuando pidió su traslado a un penal de la ciudad de México, tiene motivaciones políticas.

Hay un sinnúmero de contradicciones y datos falseados sobre su detención. Por un lado, los agentes de la Dirección Estatal de Investigación afirmaron que la aprehensión de Víctor Hugo Cordero se realizó en una calle de Gómez Palacio; sin embargo, las pruebas demuestran que se realizó en las oficinas de la secretaría de protección y vialidad, donde también se detuvo a policías, personal administrativo y hasta obreros, en una operación ordenada por la fiscal general de la entidad, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, sostuvieron.

Una vez que Cordero estuvo preso, De la Garza Fragoso le pidió entregar a la fiscalía el armamento de la dependencia municipal, facultad que sólo corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, a las cuales en su momento no se avisó de la confiscación más de 600 armas, cuyo destino se desconoce.

Señalaron que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú (actualmente con licencia), solicitó a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango el expediente para aplicar el Protocolo de Estambul, a fin de certificar la tortura, pero el delegado (de la PGR), Antonio López Lagarde, manifestó (en el oficio UAPS/918/2014, de julio de 2014) que no había registro alguno de la averiguación.

Sin embargo, a los abogados de Cordero les respondió en agosto que la quinta agencia investigadora en Durango recibió la averiguación AP/PGR/DGO/DGO-V/371B/2014”.

Además, con declaraciones falsas se imputa al acusado el secuestro de un menor, cuya madre, Lorena Salas Fragroso, ha sido emplazada a declarar por medio de edictos por el juzgado segundo de distrito de La Laguna, en Torreón, Coahuila, toda vez que no volvió a presentarse, y tampoco el menor. Además, entre los presuntos implicados señalados por dicho juzgado no está Cordero Giorgiana.