Los seis ministros que aspiran a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirman que una de sus razones principales para querer encabezar el máximo tribunal es fortalecer una política de respeto a los derechos humanos; sin embargo, sus votaciones en la materia en años recientes no han coincidido –en la mayoría de las veces– con ese objetivo.

De acuerdo con una recopilación de las votaciones sobre el tema, la resolución de la SCJN sobre el caso Rosendo Radilla, en septiembre de 2010, reflejó la forma de pensar de los ministros, al menos los que tienen más posibilidades, sobre ese asunto.

En otros fallos se da cuenta de las veces en que los ministros sufragaron contra la ampliación de los derechos fundamentales. Ninguno de los presidenciables –paradójicamente– votó en favor de la consulta energética. Los seis coincidieron en que la Constitución prohíbe ejercicios ciudadanos que puedan afectar los ingresos y egresos de la Federación.

Cuando se revisó el caso Radilla, el pleno votó un asunto fundamental: si los criterios aprobados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eran vinculantes u obligatorios para los juzgadores mexicanos.

De los cinco que integraban el pleno en aquel entonces y que hoy buscan sustituir a Juan N. Silva Meza al frente del máximo tribunal, sólo Arturo Zaldívar se pronunció por que los criterios aprobados por la CIDH fueran vinculantes.

Margarita Luna, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Jorge Pardo sufragaron con la mayoría: que los criterios de la comisión eran orientadores, siempre y cuando no fueran contrarios a la Constitución. En aquel entonces, Alfredo Gutiérrez aún no era ministro.

Sin embargo, Gutiérrez, quien fue director del Sistema de Administración Tributaria, ha mantenido un voto consistente en contra de los amparos y recursos presentados contra diversos impuestos.

La reforma antiaborto

En septiembre de 2011 la Corte avaló la reforma antiaborto de Baja California, la cual protege el derecho del producto desde la concepción. Arturo Zaldívar sufragó en contra, al considerar que la decisión avasallaba, desconocía y eliminaba los derechos humanos de las mujeres, al excluir totalmente la interrupción del embarazo. Luis María Aguilar y Fernando Franco votaron en el mismo sentido.

Pardo Rebolledo y Luna Ramos se pronunciaron por la validez de la norma.

En otra ocasión, el pleno desechó el amparo promovido por intelectuales contra la reforma constitucional en materia electoral, que facultó exclusivamente al Instituto Federal Electoral a contratar propaganda en medios electrónicos para incidir en el voto ciudadano.

Luna Ramos, Aguilar Morales, Franco y Pardo Rebolledo sufragaron contra el amparo; sólo Zaldívar lo hizo en favor.

Hace unos días la primera sala de la SCJN determinó que es inconstitucional establecer un rango de edad para cubrir determinados puestos de trabajo tanto en el sector público como en el privado. De los tres aspirantes, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez votaron en favor y Pardo Rebolledo en contra, al considerar que la publicación de la Corporación Mexicana de Restaurantes, en la que se excluía a personas mayores de 25 y 35 años de edad, respectivamente, era constitucional.

En agosto pasado la segunda sala de la SCJN cambió el criterio mantenido durante años, de que los consumidores de energía eléctrica pueden ampararse contra cobros excesivos, ajustes o corte del servicio y que pueden acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para inconformarse cuando consideren que sus derechos son vulnerados. Luna Ramos votó en contra, mientras los otros aspirantes que forman parte de la misma, Luis María Aguilar y Fernando Franco, sufragaron en favor.

En noviembre de 2012 la Corte resolvió que los jubilados del IMSS paguen impuesto sobre la renta por sus pensiones, pero declaró que no es inequitativo que los militares en retiro no cubran dicho impuesto. Todos votaron en favor, excepto Gutiérrez, quien aún no era ministro.