La industria refresquera y cámaras industriales expresaron su inconformidad porque en el anteproyecto de la Ley General de Aguas se propone la reducción del porcentaje de asignación de agua de las concesiones con el fin de destinarlo a la conservación de cuencas y acuíferos deficitarios.

También están en desacuerdo con el tiempo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dan para resolver las solicitudes de concesión, que en el anteproyecto se plantearon de 120 días, pero en la última versión el gobierno cedió a la petición de esta industria y los redujo a 60 días.

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas en sus comentarios a la iniciativa, enviados a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el 20 de octubre, mencionó que destinar parte de su concesión a la conservación de cuencas y acuíferos va en perjuicio de cualquier plan a mediano o largo plazos. La propuesta es que se elimine este párrafo del anteproyecto de ley.

En la actualidad, de acuerdo con la Conagua, de 653 acuíferos que hay en el país, 106 están sobre'xplotados, es decir, 16 por ciento.

También Iniciativa Gemi –que representa a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Asociación Nacional de la Industria Química (Aniq) y el Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México (Conieco), entre otras cámaras industriales– señaló en sus comentarios que existen muchísimos aspectos de la iniciativa que representan importantes afectaciones para el sector privado y su competitividad en un mundo globalizado y advierte que podrían ser una traba para los programas y planes de inversión.

Entre los puntos que cuestiona está la reducción a cinco años para que se pueda hacer la transmisión de los títulos de concesión de agua, esto no debería suceder bajo ninguna circunstancia.

También rechaza ceder parte de su concesión a proteger y recuperar las cuencas y acuíferos deficitarios, lo cual es a todas luces subjetivo y discrecional. Explica que no se indica el porcentaje a reducir ni tampoco los criterios que lo justifiquen, y tampoco se define lo que se entiende como acuíferos deficitarios. Esta nueva redacción resta competitividad, aporta incertidumbre y subjetividad. La suma se traduce en un perjuicio a los planes en mediano y largo plazos.

Considera que la iniciativa se debería manifestar abiertamente a favor de mercados de agua funcionales, transparentes, con reglas claras y auditados por un tercero independiente para dotarlos de la credibilidad con la figura de la transmisión temporal parcial del lìquido que es inexistente.

La Asociación Nacional de Usuarios de Riego señaló por su parte que la Ley General de Aguas es para garantizar sólo el derecho humano al agua, mientras que los demás sectores como el agrícola, pecuario e industrial pasan a ser de menor importancia. Apuntó que las cuencas deficitarias están en esta situación porque la autoridad del agua otorgó a nuevos concesionarios títulos por encima de la disponibilidad del líquido y propuso que se respeten los derechos históricos de los distritos de riego.

La Ley General de Aguas debía establecerse desde 2013, luego de que se modificó el artículo cuarto de la Constitución para garantizar el derecho humano al agua.