Cuatro jóvenes (tres hombres y una mujer) fueron ingresados la madrugada de ayer a los reclusorios Norte y femenil de Santa Martha Acatitla tras su presunta participación en los enfrentamientos registrados el pasado jueves 20 de noviembre en bulevar Puerto Aéreo y la avenida Ignacio Zaragoza, durante la jornada de protestas por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que ejerció acción penal contra los estudiantes Samantha Iraíd Buendía Hernández del CCH Azcapotzalco, Miguel Ángel Lara Moso de la FES Acatlán, Alejandro Cabrera Ávila de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y José Manuel Morales Ruiz de la UACM Iztapalapa.

La subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas detalló que dos de los consignados quedaron a disposición del juez de delitos no graves, como probables responsables de ataques a la paz pública y ultrajes; mientras que a las otras dos personas se les sumó el delito de portación de objetos aptos para agredir.

De las otras 12 personas detenidas por estos hechos, un menor de edad fue liberado, 11 pagaron fianza y sus expedientes se consignaron sin detenido por ataques a la paz pública, ultrajes y portación de objetos aptos para agredir, por lo que serán procesados en libertad.

El abogado de los jóvenes, Armando Barrera, consideró esta acción ilegal porque los remitieron sin pliego de consignación y aún no se les asigna juez, lo que es una violación a sus derechos. Aseguró que los delitos que se les imputan no son graves, y aun cuando se pago una fianza están en espera de conocer el pliego porque trascendió que se agregaría la agravante de en pandilla.

Verificación de la CDHDF

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, informó que estableció contacto con todos los detenidos, en total 16, e inició la verificación de las condiciones en que se dieron los internamientos a penales de cuatro de ellos.

Entrevistada al concluir el informe de actividades de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dinorah Pizano Osorio, dijo que se solicitó a las autoridades capitalinas facilitar los videos a efecto de que la defensa pueda tener con oportunidad los elementos probatorios de las imputaciones y aprovechó para hacer un llamado a no criminalizar a los abogados de los detenidos, al advertir que en algunos medios de comunicación se les exhibe con adjetivos como defensores de vándalos.

En cuanto a la queja que inició de oficio por la intervención de la fuerza pública esa noche para desalojar el Zócalo, de la que podemos presumir cierto tipo de acciones que pudieran ser violatorias de derechos humanos, dijo que se enviará a las autoridades los casos que se han documentando para que las revisen y se deslinden responsabilidades.