La inseguridad que prevalece en el país preocupa y opaca lo logrado vía las reformas, consideró la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

A través de su comisión de fomento industrial, el organismo señaló que tras 22 meses de la actual administración ha predominado un ajuste continuo a la baja de las expectativas de crecimiento, así como una inflación controlada, pero en límites de riesgo.

Consideró que si bien las 11 reformas aprobadas junto con sus correspondientes leyes secundarias son necesarias, no ha habido una recuperación notoria, acelerada y sustentable en el país.

Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de fomento industrial de la Canacintra, dijo que uno de los factores prioritarios a resolver para lograr un mayor crecimiento económico es la delincuencia e inseguridad, así como la corrupción y la práctica intensiva del soborno por los funcionarios, inspectores, o autoridades gubernamentales hacia los empresarios.

Agregó que en el país prevalece un tejido social irregular, descompuesto y desgastado, que afecta la actividad económica.

Chaparro Romero calificó la inseguridad como un gran obstáculo para los negocios, la atracción y retención de inversiones y advirtió que mientras persista en la magnitud actual, los resultados de la actividad industrial y económica se clasificarán como pobres o vegetativos.

Recordó que una muestra de lo anterior son los más de 12 mil asaltos con violencia anuales a camiones con mercancías en todo el país, de los cuales apenas poco más de 3 mil 400 cuentan con averiguación previa.

De acuerdo con datos recientes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 37 por ciento de las unidades económicas del país ha sido afectado por el incremento de la delincuencia incluidas las extorsiones a empresarios por el pago de uso de piso, el secuestro y el robo constante de maquinaria en las constructoras.

El dirigente de Canacintra indicó que hace poco más de nueve años el organismo estimaba que las empresas erogaban aproximadamente 3 por ciento de sus inversiones y gastos a las compras de equipos, contratación de personal, alarmas, cámaras, sistemas de seguridad, cuerpos privados de protección y servicios anti delincuencia, pero a la fecha, este gasto supera 8 por ciento y en otros casos alcanza los dos dígitos.

“La inseguridad avanza y da señales de riesgo de diluir el entusiasmo logrado con las reformas recién aprobadas; y por ello, México en su conjunto tiene que cerrar filas –principalmente nuestras autoridades–, ante este rubro que sólo daña lo planeado porque no permite actuar a favor de la estabilidad de su población y sus industrias”.

Sostuvo que con la asignación de cerca de 250 mil millones de pesos para la justicia y seguridad nacional dentro del presupuesto a ejercer en 2015, los gobiernos federal, estatal y municipales deben enfocar el gasto de este rubro en forma eficaz y eficiente para detener y reducir un problema que aqueja a todo México.