Diputadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) condenaron las agresiones de provocadores y policías contra la ciudadanía y exigieron al gobierno federal que investigue y sancione a los elementos policiacos que abusaron de la fuerza, al tiempo que un grupo de senadores del sol azteca indicó que hubo irregularidades en la detención de personas tras la marcha del jueves y afirmaron que darán seguimiento al tema.

Elena Tapia (PRD) y Loretta Ortiz (PT), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, consideraron inaceptable que la Procuraduría General de la República (PGR) impute los delitos de motín, asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa a personas que fueron detenidas sin contar con indicios para cargos graves.

La postura de ambas representantes se emitió en un comunicado de prensa que refiere que la incursión de las policías y de infiltrados afectó a periodistas y defensores de derechos humanos.

Destacamos los ataques en contra de Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia y Jesús González Alcántara, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y sus familiares, así como en contra la reportera María Idalia Gómez, entre muchas otras personas que jamás participaron ni participarían en hechos violentos, subrayaron.

También recomendaron que ante los provocadores, la autoridad debe investigar y actuar con máxima cautela para evitar la impunidad. El uso de la fuerza únicamente es justificable si es proporcional y tiene el fin de disuadir actos violentos y proteger a las personas, y de ninguna manera como revancha o intimidación, advierten.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas señaló que existen una serie de irregularidades en la detención de jóvenes tras la marcha del 20 de noviembre, por lo que junto con el coordinador de la fracción perredista en la Cámara Alta, Miguel Barbosa, y su compañero de bancada, Raúl Morón, acordaron con el Gobierno del DF y el Tribunal Superior de Justicia dar seguimiento al caso de los estudiantes que fueron consignados a reclusorios del Distrito Federal.

En entrevista, denunció que la PGR entregó una solicitud para que los detenidos en el Reclusorio Norte y una mujer en Santa Martha Acatitla no fueran liberados, a pesar de que ya se les había fijado caución y sus familiares la habían pagado, lo cual es profundamente irregular.

Además de que, sostuvo, a los abogados de los jóvenes se les han puesto obstáculos y dicen que han recibido amenazas.

El legislador lamentó que otros 11 estudiantes fueran trasladados a los penales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz.

Dijo que este tipo de sucesos que han ocurrido a partir de los crímenes contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, dan cuenta del clima de enrarecimiento político que desde 1968 no enfrentábamos, donde hay rumores, campañas de desprestigio, de provocación, amenazas en el discurso oficial, que en lugar de dar la cara a los problemas, amagan con una salida autoritaria, concluyó.