La Procuraduría General de la República (PGR) desglosó la acusación de terrorismo contra los 11 de detenidos en un nuevo expediente, por lo que está latente la imputación de este cargo, revelaron abogados de los inculpados de asociación delictuosa, homicidio en grado de tentativa y motín.

El Ministerio Público Federal decidió no incluir ese cargo en el expediente que se turnó al juzgado 17 de distrito con sede en Xalapa, Veracruz, e integrar una nueva averiguación por el delito de terrorismo, que podría ser consignada posteriormente.

Respecto de esta indagatoria, la PGR retuvo los teléfonos celulares de los 11 consignados con la finalidad de investigar sus vínculos, señalaron familiares de los detenidos tras los disturbios del 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución.

Revelaron que, de acuerdo con el expediente que consignó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), las acusaciones se sustentan en los testimonios de cinco policías, carecen de pruebas de que su vida haya estado en peligro y de testigos que imputen directamente a las 11 personas presas.

En Xalapa, en conferencia de prensa, un grupo de abogados aseguró que las acusaciones son endebles, además de que los acusados fueron víctimas de amenazas y golpes. Cuando los trasladaron de la Seido, en la ciudad de México, a los penales, los policías les decían: Les va a pasar lo que a los 43 de Ayotzinapa.

Luego de conocer los expedientes de los acusados, el litigante Alberto Muñoz López dijo que la imputación del delito de motín se sustenta en una supuesta confesión de los detenidos, que en realidad no existe.

Explicó que la tentativa de homicidio se basa en el testimonio de un agente, quien declaró que “uno de los detenidos jaló a un policía y dijo: ‘vamos a matar a ese perro’, incitando a otras personas que empezaron a golpearlo. La tentativa se configura porque las personas saben que si les pegan en la cabeza lo van a matar”.

Respecto de la asociación delictuosa, comentó que el expediente considera que los detenidos se conocían por llamarse compa o compañero. Sin embargo, la defensa insiste en que los detenidos no se conocen entre sí, salvo una pareja.

En la ciudad de México otros abogados explicaron que la PGR practicó pruebas periciales a cada uno de los detenidos en busca de rastros de pólvora o gasolina, pues los acusa de lanzar cohetones y bombas molotov contra los policías que realizaron el operativo de seguridad en el Zócalo el pasado 20 de noviembre, pero los resultados fueron negativos.

Los abogados Alejandro Jiménez y Juan de Dios Hernández explicaron que los defensores de los 11 consignados trabajan de manera coordinada en la estrategia que seguirán para tratar de liberar a sus clientes en los próximos días.

Sin embargo, externaron su preocupación porque el caso fue turnado a un juzgado de consigna, y en lugar de considerar que no existe ninguna prueba del involucramiento de los inculpados decrete auto de formal prisión.

El plazo para que se defina la situación jurídica de los 11 detenidos vence el próximo sábado cerca del mediodía.

Las tres mujeres que fueron detenidas y puestas a disposición de la PGR por policías capitalinos y federales están presas en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, y los ocho hombres (entre ellos un ciudadano chileno) en el número 5, en Villa Aldama, Veracruz.

En el caso de las jóvenes, decidieron continuar su caso con apoyo de defensores de oficio, los cuales trabajan en coordinación con abogados privados.

En Xalapa, Alberto Muñoz puntualizó que las detenciones se dieron por los reportes que supuestamente entregaron cinco policías; un informe de 2011 sobre grupos anarcos, en el que no se menciona a los detenidos; un reporte de la policía preventiva con nombres de personas identificadas como quienes realizan disturbios en manifestaciones –donde tampoco aparecen los de los detenidos–, y las supuestas confesiones de los inculpados de haber participado en la marcha, aunque ninguno aceptó haber agredido a policías.

Al respecto, los abogados señalaron que tres personas se reservaron su derecho a declarar, y en un hecho muy grave, el Ministerio Público consideró esta determinación como si hubieran asumido responsabilidad.

También denunciaron la obstrucción al trabajo de la defensa, pues sólo les permitieron tener contacto con sus clientes hasta el domingo, y conocieron el expediente el lunes pasado.