Querétaro, Qro.

José Luis Hernández Guerrero, padre de Marco Antonio Hernández Galván, asesinado el 27 de noviembre de 2004, exigió al gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro (PGJEQ) esclarezca el homicidio. El principal testigo, Miguel Gerardo Rivera Alcántar, acusó al empresario Federico Ruiz Lomelí, dueño del Grupo Fomento Queretano, de cometer el crimen.

Al cumplirse este jueves 10 años del asesinato de su hijo, Hernández Guerrero acudió ayer por la mañana al palacio de gobierno para entregar una carta dirigida al mandatario priísta e hizo lo propio en las sedes de los poderes Judicial y Legislativo, para exigir a sus respectivos representantes que el homicidio no quede impune. Ruiz Lomelí fue exculpado por las autoridades.

Hernández Guerrero ha deambulado por agencias del Ministerio Público (MP) en busca del expediente del asesinato. Luego de 10 años también perdió su empresa de transporte, formada por una flotilla de 17 camiones tipo torton. Todo lo vendió para pagar a sus abogados.

Los dos primeros años después del crimen, tuvo cuatro defensores; tres lograron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera el 31 de octubre de 2005 una recomendación, pero luego le exigieron cinco millones de pesos por sus servicios y, al no obtenerlos, se retiraron.

Presiones e intentos de soborno

El denunciante asegura que en dos ocasiones le ofrecieron dinero para que difundiera en los medios que se había equivocado y que Federico Ruiz era inocente. La más reciente fue hace 10 meses.

Recordó que un abogado, al que no identificó pero que inicialmente llevaba el caso, le habló para decirle que podría tener solucionada su vida y reactivar su economía si aceptaba recibir un millón de dólares. A cambio se tenía que retractar de los señalamientos contra el empresario.

Dijo que la ex senadora priísta Socorro García (suplente de Calzada Rovirosa) lo citó para decirle que Ruiz era inocente.

José Luis Hernández maneja ahora un taxi que renta. Uno de sus hijos fue becado por el gobierno estatal en una universidad particular, pero después le quitaron ese beneficio.

El 16 de octubre pasado, por conducto de su abogado, Arnulfo Moya, interpuso un amparo indirecto por falta de información e inejercicio de la indagatoria de la averiguación previa I/929/2004. Con este recurso busca que el caso no se cierre. El procurador, Arsenio Durán Becerra, asegura que el expediente sigue abierto, pero no ha dado a conocer quién es el homicida.

En la misiva que entregó ayer, Hernández Guerrero indica al gobernador que en su momento la CNDH puntualizó las irregularidades y omisiones en la investigación, que sigue sin avance.

En entrevista, Hernández Guerrero reiteró que en las agencias del MP donde ha estado el expediente no le han permitido consultar el documento.

Recordó que Ruiz Lomelí nunca fue investigado o siquiera citado a declarar; al contrario, el 14 de abril de 2005 el entonces procurador, Juan Martín Granados, dijo que el MP concluyó que no existían pruebas de que Ruiz Lomelí fuera el homicida.

Según el denunciante, la madrugada del 27 de noviembre de 2004 Marco Antonio Hernández Galván circulaba en un Nissan Tsuru blanco con sus amigos, Miguel Gerardo Rivera Alcántar, Gamaliel Rivera y Juan Eduardo Cumplido, sobre avenida Pasteur de esta ciudad.

Una camioneta BMW negra les cerró el paso. Los conductores de ambos vehículos descendieron y discutieron. El chofer de la BMW apuntó a Miguel con una pistola y lo golpeó. Marco Antonio se bajó del Tsuru y empezó a pelear con el conductor de la camioneta, quien fue herido de bala y falleció.