n medio de una crisis económica que no encuentra salida y un creciente descontento social, cuyos signos más visibles son Ayotzinapa y el conflicto del Instituto Politécnico Nacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto finalmente accedió a reconocer que para concluir la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) se requiere extinguir sus pasivos laborales, consistentes en obligaciones laborales que el gobierno federal tiene con los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Para tal fin entregó al SME una propuesta para concluir la etapa final de liquidación de LFC y por esa vía garantizar la reinserción laboral de más de 15 mil trabajadores que no se han liquidado.

Da la impresión de que el gobierno ya tenía la propuesta, pero en su estrategia de alargar la solución del conflicto pensaba entregarla a comienzos del próximo año, aprovechando la fecha límite del 30 de enero de 2015 en que vence la prescripción para ejecutar el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para cobrar las liquidaciones individuales. Pero al gobierno federal también le urge comenzar a operar su mercado eléctrico privatizado en la región central del país, pues para echar a andar el Centro Nacional de Control de Energía y su red general de transmisión y distribución necesita las subestaciones eléctricas, torres y líneas de transmisión y distribución que son propiedad de LFC y que no pueden ser transferidas en tanto no concluya su liquidación.

La propuesta plantea la constitución de un fondo liquidador que asuma las obligaciones laborales pendientes del proceso de liquidación, mediante la firma de un convenio de terminación de relaciones individuales y colectivas entre LFC en liquidación, y el SME. Dicho convenio tendría como objeto la constitución del fondo liquidador mediante un fideicomiso contratado en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la asunción de los pasivos y contingencias derivados del proceso de liquidación del organismo. El fideicomiso otorgaría el derecho de uso o explotación de diversos activos, bienes y derechos a los trabajadores no liquidados, a través del sindicato, quien a su vez otorgaría dicho derecho, como aporte en especie, a una nueva empresa privada dedicada a la generación de electricidad. Asimismo, el gobierno federal entregaría a los trabajadores que no se han liquidado una serie de activos conocidos como Fábricas y Talleres, a una cooperativa que el SME crearía para tal efecto. Al final, mediante este proceso liquidador, se liberaría al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de sus responsabilidades referentes al pago de pasivos y contingencias laborales derivadas del contrato colectivo de trabajo y de la Ley Federal del Trabajo.

Los llamados pasivos laborales fueron implementados a mediados de los años 90 para fondear obligaciones laborales, pero su propósito real fue descapitalizar a Pemex, CFE y LFC, preparar su eventual quiebra técnica y justificar la privatización energética. Recordemos que en 2009 Felipe Calderón señaló que LFC tenía un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos (80 mil millones correspondientes a trabajadores en activo y 160 mil millones a jubilados), por lo que ya no resultaba, según él, conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público.

En el caso de LFC dicho pasivo laboral consiste en obligaciones laborales del gobierno federal, conforme a normas contables de la SHCP, para dar garantía financiera al pago de jubilaciones de más de 20 mil jubilados, jubilaciones futuras, indemnizaciones y prima de antigüedad, seguro sindical, remuneración al término de la relación laboral de todos los trabajadores activos y atención médica a los empleados de confianza. Lo relevante del caso es que estas obligaciones laborales, basadas en estudios actuariales, nunca fueron fondeadas por el gobierno federal, como ocurrió también en CFE y Pemex. En el caso de LFC continuaron creciendo y para diciembre de 2012 alcanzaron la cifra de 317 mil 594 millones de pesos. Pasivo laboral que representó el doble del valor total de los activos de LFC en plantas de generación, subestaciones de transformación, líneas de transmisión, redes de distribución, equipo de transporte, cómputo, edificios administrativos y otros, que en 2008 ascendió a 148 mil 984 millones de pesos.

Conforme a lo expuesto, resulta jurídica y financieramente viable que en dicha propuesta se reconozca el tiempo de servicio de más de 15 mil trabajadores del SME que no se han liquidado, muchos de los cuales alcanzaron en promedio de 10 a 20 años de antigüedad en el trabajo. Asimismo debe quedar perfectamente establecida la salvaguarda de los derechos contractuales adquiridos de más de 20 mil jubilados del SME, para evitar cualquier tentación del gobierno de menoscabar los derechos de jubilación como ha sucedido en casos similares. La lucha del SME ha sido digna y heroica y, próximo a cumplir 100 años, se merece ese triunfo y reconocimiento.