El 13 de diciembre de 2013 el Senado aprobó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para crear la comisión nacional anticorrupción. Esa instancia fue una de las promesas en su campaña presidencial, misma que envió al Congreso una vez que asumió el gobierno en el transcurso de sus primeros meses de administración.

Los senadores avalaron el proyecto en el contexto del Pacto por México y la enviaron a la Cámara de Diputados. En aquella fecha el documento fue turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, donde aún continúa archivado y ha concluido su proceso sin posibilidad de replantearlo y ahora, por tanto, ya no figura como minuta en proceso de dictaminación.

Tal circunstancia obedeció a un cambio de señales desde el gobierno federal, en particular del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien al acudir el pasado 27 de agosto a la reunión plenaria de los diputados priístas planteó a modo de sugerencia la viabilidad de modificar el concepto de comisión nacional anticorrupción por el de una fiscalía anticorrupción.

La sugerencia, expresada por Murillo Karam, llevaba la intención de fortalecer al Ministerio Público Federal, elevándolo a un contexto de independencia y autonomía.

Tendríamos un órgano mucho más completo. La corrupción se ha generalizado y tenemos que resolverla desde sus raíces. Una fiscalía fuerte sería mucho más eficaz que una comisión, manifestó el hidalguense.

Así pasaron cuatro semanas hasta el 23 de septiembre pasado, cuando el presidente Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que expide la ley de la fiscalía general de la República. Ésta incluye en su organigrama una fiscalía anticorrupción. El documento fue turnado a la Comisión de Justicia con opinión de la de Transparencia y Anticorrupción, instancias donde se encuentra archivada.

De esta manera, la nueva propuesta presidencial señala que la fiscalía general de República sería un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. No se desglosan las funciones y responsabilidades de las dos fiscalías especializadas que estarían a la orden del fiscal general. Una de ellas es la fiscalía anticorrupción, y sólo aparece manifiesta de manera enunciativa. También, quien puede nombrar y remover a los titulares de ambas instancias será el fiscal general.

A esta propuesta se suman las dos iniciativas que han presentado en el Congreso federal PRD y PAN con el fin de crear un órgano anticorrupción.