Las acusaciones de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio contra los 11 consignados tras la marcha del pasado 20 de noviembre son absurdas e insostenibles, por lo que el juez encargado de analizar dichos cargos podría determinar su improcedencia y ordenar la liberación de los procesados, afirmó Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

En entrevista con La Jornada, indicó que ninguno de los tres señalamientos está debidamente comprobado por la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual deja ver que tienen una intención política de criminalizar la protesta social.

La acusación de tentativa de homicidio, explicó, se basa en las declaraciones de cinco agentes de la Policía Federal que dicen haber rescatado a uno de sus compañeros de un grupo de supuestos anarquistas, a quienes escucharon manifestar su intención de matar al uniformado.

Sin embargo, el Ministerio Público nunca presentó una evaluación médica del agente supuestamente atacado para determinar la gravedad de sus lesiones. Además, el único criterio usado por los denunciantes para identificar a los presuntos agresores es que coreaban consignas en contra de las instituciones y se llamaban compa o compañero entre sí.

En lo que se refiere al cargo de asociación delictuosa, la PGR vincula a los 11 detenidos con grupos de filiación anarquista, pero sin ofrecer pruebas concretas de esa supuesta relación, mas que videos de noticiarios donde no se puede identificar la ropa o la fisonomía de ninguno de los acusados.

Sobre el cargo de motín, añadió la dirigente de la ANAD –una de las cuatro organizaciones sociales que asumiera la defensa de los imputados–, los elementos probatorios de los agentes son que los detenidos estaban gritando consignas, lo cual deja ver el carácter inconstitucional de ese tipo penal, dirigido a criminalizar la libertad de expresión.

En suma, los señalamientos contra los imputados son absurdos, ridículos e insostenibles, lo que nos hace suponer que esta es una acusación política, dijo Salas, quien subrayó que ante dichas irregularidades es probable que el titular del juzgado de distrito 17, con sede en Xalapa, Veracruz, se vea obligado a ordenar su liberación.

Por su parte, Amnistía Internacional hizo eco del tema y subrayó que los 11 detenidos corren peligro de ser sometidos a un proceso judicial injusto, por lo que llamó a sus adherentes a escribir cartas al presidente Enrique Peña Nieto y al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, pidiéndoles que investiguen la presunta detención arbitraria y malos tratos.