La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de la Ley federal de juegos y sorteos, que cambia el sustento de la política en ese mercado: lo relevante es la existencia de una apuesta y con ello se abre la puerta para que puedan celebrarse toda clase de juegos con apuesta, desde las cartas hasta las máquinas tragamonedas.

El dictamen prevé constituir un instituto nacional de juegos y sorteos en sustitución de la dirección general en la materia. Los empresarios deberán sustituir sus permisos vigentes y podrán operar no sólo bajo la óptica de una ganancia, sino del principio del juego responsable, para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita y la ludopatía.

La iniciativa conjunta del gobierno federal y la comisión especial que indagó los permisos irregulares otorgados en el sexenio de Felipe Calderón fue recibida al mediodía por el pleno y turnada de inmediato a la comisión, que la aprobó sin revisar su contenido.

Según el proyecto, el cambio de paradigma al regular la apuesta y no el juego tendrá beneficios relevantes; en primer término, el Estado podrá asumir el papel de rector en la materia y que las nuevas reglas permitirán crear una industria más atractiva que pueda funcionar también como impulso al turismo.

En el caso de los permisionarios, el documento señala la obligación de sustituir los permisos vigentes, los cuales les permiten tener más de un establecimiento.

Esto genera descontrol en la industria, ya que se desconoce con precisión cuántas licencias de establecimientos ha utilizado cada permisionario y cuántos están pendientes de ejercerse, indica.

De esta manera sólo se otorgará un permiso por establecimiento, con una vigencia de hasta 12 años, que deberá ser solicitado a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la ley. Podrá ser prorrogable por periodos sucesivos de 10 años.

El dictamen, que será votado en la sesión del martes, prevé que las casas de juegos con apuestas y sorteos, casinos, hipódromos, galgódromos, frontones o de apuestas en línea sólo podrán instalarse con el permiso de los municipios y a no menos de 500 metros de escuelas, zonas arqueológicas, albergues para víctimas del delito, lugares de culto público, hospitales o centros de atención infantil.