La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó a la procuraduría capitalina los videos del Sistema de Seguridad de la ciudad de México, como parte de la investigación sobre el arresto de jóvenes el pasado 20 de noviembre, luego de las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, que refieren fueron entregados a la referida dependencia, que hizo la consignación de 15 de los 16 detenidos.

Desde el día de la confrontación entre jóvenes con el rostro cubierto y elementos del cuerpo de granaderos en bulevar Puerto Aéreo y la avenida Ignacio Zaragoza, el organismo empezó una investigación por oficio.

Más de una semana después de los hechos, se han acumulado 18 quejas como aportación a la documentación, sin embargo, aún no se tienen las imágenes.

Asimismo, se remitieron seis quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por razón de competencia, en tanto se sigue integrando el expediente de los hechos ocurridos en la plancha del Zócalo de la ciudad de México, porque se tiene conocimiento de que en las detenciones hubo tanto policías federales como de la capital, informó la presidente del organismo, Perla Gómez Gallardo.

Informó que la CDHDF está generando dos documentos para difundir de manera amplia en las manifestaciones. “Uno es sobre ¿qué hacer en caso de una detención arbitraria? Es decir, ¿a quién acudir? ¿Cómo manejar cierta situación del contexto que pudiera presentarse?

Y otra, el derecho a la documentación ciudadana, a grabar todo tipo de conducta de la autoridad; con ello queremos que las autoridades sepan que por supuesto tienen que y pueden ser grabadas en actos públicos, materiales que también servirán como prueba presentada, debido a la demora en la entrega de los videos.

Por la noche, la CDHDF emitió un comunicado en el que señaló que tanto el organismo local, como la CNDH, condena todo tipo de violencia, sin importar de donde provenga, porque todos tenemos derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad, seguridad y paz.

Indicó que ambas instituciones hacen un llamado a las autoridades para que los servidores públicos, especialmente los pertenecientes a las fuerzas del orden, lleven a cabo sus funciones en el marco de la ley y en apego a los más altos estándares en derechos humanos.