Pese a medidas cautelares de la CIDH, no hay garantías, asegura
Sábado 29 de noviembre de 2014, p. 31
Ciudad Juárez, Chih.
Martín Solís Bustamante, líder de la organización campesina El Barzón, quien fue amenazado de muerte, debió salir de Chihuahua para evitar que lo maten, como sucedió con Manuela Martha Solís Contreras y su esposo Ismael Solorio Urrutia, ambos integrantes de la organización, quienes fueron asesinados el 22 de octubre de 2012 cuando viajaban del ejido Benito Juárez a la Ciudad de Chihuahua.
La Red de Defensoras de Derechos Humanos afirmó que estas amenazas se dan en el marco de la lucha contra el daño ambiental provocado por la minera Mag Silver y su filial El Cascabel en la región San Buenaventura, Chihuahua, así como contra procesos de contaminación y destrucción de parcelas y cultivos
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Tras denunciar ante la Fiscalía el estado que fue amenazado de muerte, Solís Bustamante dijo que “se sintió obligado a salir de del estado, el 25 de octubre pasado, pues no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida, pese a que él y su familia son beneficiarios de las medidas cautelares (388/12) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de noviembre de 2012, y de que varias veces presentó solicitudes de protección al gobierno del estado y federal.
En una carta enviada a las autoridades estatales y federales agregó que la falta de las medidas de seguridad impiden que regrese al estado de Chihuahua y continuar su labor en defensa de los derechos humanos.
Sobre estos hechos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México dijo: Vemos con suma preocupación el riesgo creciente en el que se encuentran 172 defensoras de derechos humanos de 97 organizaciones civiles, ubicadas en 21 estados del país y el Distrito Federal, por lo que exigimos a las autoridades aplicar de inmediato las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la continuidad de su actividad
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