Decenas de miles de vehículos están varados desde el primero de septiembre en la frontera entre México y Estados Unidos por las reglas de operación de comercio exterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que redujeron en 90 por ciento la internación de automotores por Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora.

Una de las reglas para introducir un vehículo extranjero de manera definitiva obliga a presentar factura original y un sello de la aduana de Estados Unidos que certifique la salida legal de la unidad.

Sólo en California y Arizona hay alrededor de 30 mil vehículos en estacionamientos y bodegas. El Comité de Comerciantes para el Fortalecimiento de la Frontera se manifestó en Mexicali, Baja Calfornia, el pasado 20 de noviembre, para exigir que se facilite la importación de autos. Argumentó que las restricciones perjudican a cientos de giros comerciales, entre ellos hojalateros, mecánicos, tapiceros, llanteros, comerciantes de coches establecidos y deshuesaderos.

La Asociación de Vendedores de Autos Usados La Curva, en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó que tiene parados en la aduana alrededor de 9 mil trámites para importar vehículos, pues sólo está permitido ingresar 350 al día. Alberto Rivera, dirigente de la asociación, dijo que es falso que con las nuevas reglas se proteja a la industria nacional, pues cada año los distribuidores traen a México 600 mil unidades nuevas de otros países.

En Matamoros, Tamaulipas, la aduana retrasa deliberadamente la importación definitiva de más de 9 mil vehículos extranjeros, dio a conocer el comercializador Tomás Cantú. Sostuvo que ahora se hacen apenas unos 30 trámites al día, cuando antes se realizaban 400.

Actualmente circulan en Sonora unas 300 mil unidades no regularizadas. El secretario de Gobierno del estado, Roberto Romero, aclaró en octubre de 2013 que no se pretendía impedir que circularan autos importados viejos, sino controlar aquellos que no se pueden rastrear ni identificar a sus dueños, porque en ellos se están cometiendo algunos de los delitos graves que afectan a la entidad.