La resolución de un juez que ordenó la libertad de las 11 personas detenidas al azar la noche del 20 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México, por considerar que las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) resultaron inverosímiles y no se ajustaron a las reglas de la lógica básica, servirán como pruebas indubitables para que los ahora liberados demuestren que en su contra hubo una actividad administrativa irregular de autoridades del Estado mexicano, y exijan por ello el pago de una indemnización por concepto de reparación de daño moral, coincidieron abogados entrevistados por La Jornada.

Dijeron que de la misma resolución judicial se desprende que las detenciones fueron arbitrarias y que los policías federales rindieron falso testimonio ante la PGR.

José Rosón, profesor de derecho administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México; René Jiménez Camacho, ex secretario de acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); Jaime Cárdenas, especialista en amparo, y el doctor en derecho Jesús Alberto Guerrero Rojas, director del Corporativo Jurídico Sanitario –bufete especializado en juicios por reparación patrimonial del Estado– señalaron que la única manera de frenar las arbitrariedades de policías, agentes del Ministerio Público y servidores públicos es pegarle en el bolsillo al Estado.

Guerrero Rojas expresó que la vía administrativa para obtener la reparación del daño en favor de alguna persona que haya sido víctima de un acto arbitrario, negligente o derivado de impericia o notoria ineptitud de un funcionario es muy rápida y efectiva.

Tomando en consideración una justa reparación de daño moral y entendiendo que durante su detención ilegal (los 11) fueron golpeados, sometidos a tortura sicológica, más tarde enviados a penales federales, alegando una supuesta peligrosidad extrema, además de los falsos testimonios de los policías, las suposiciones carentes de toda lógica de los fiscales y la notoria mala fe con la que actuaron los agentes del Ministerio Público de la Seido, los detenidos están en posibilidades de exigir una indemnización no menor a un millón de pesos por cada uno de ellos, dijo Guerrero.

De su lado, José Rosón y René Jiménez Camacho aseguraron que lo que puede alegar la PGR en su defensa es que la notoria negligencia fue de los servidores públicos en particular, aunque no se condena a funcionarios, sino a instituciones.