Dos frases pueden sintetizar cómo llega a su final el segundo año de gestión de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República. Primera, avergüenzan al país los hechos de Iguala, expresada por José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Segunda: en México se vive un momento aciago y de zozobra y desesperanza, planteada por Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Formuladas por quienes representan al más importante centro de educación superior y al máximo tribunal del país, esas expresiones resumen también cómo en pocas semanas se revirtió la percepción sobre un gobierno cuyo titular presumía el 2 de septiembre:

“Hoy, México ya está en movimiento. Si algo nos tiene que quedar muy claro es que éste no es el país de antes. Este es el México que ya se atrevió a cambiar.’’

Sin embargo, casi tres meses después –el 27 de noviembre– el propio jefe del Ejecutivo reconfiguró su agenda política para tratar de hacer frente al reclamo popular, unánime, aquí y en muchas partes del mundo, y adoptaba como suyo el grito de ¡Todos somos Ayotzinapa!

Para ello, ese día el presidente Peña Nieto anunciaba, entre otras acciones, un decálogo de medidas contra la inseguridad, la impunidad y la corrupción, y exclamaba: ante “la crueldad y la barbarie’’ de Iguala, el país “debe cambiar’’.

Ruina política

La historia de esta etapa en el primer tercio de la gestión del político del PRI –la cual, aseguran muchos, marcará todo su sexenio– se escribió entre el 26 y 27 de septiembre, y provocó una de las crisis políticas e institucionales más graves en la historia reciente del país.

Hasta hoy, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa permanecen desaparecidos. Los supuestos secuestradores son policías municipales de Iguala. En otro violento episodio, otras seis personas fueron ultimadas por los mismos uniformados.

Hasta el momento hay 79 personas detenidas, incluido el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa –quien se encuentra arraigada– María de los Ángeles Pineda, un gobernador dimitente, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y 49 familias en espera de justicia y acompañadas por el clamor de millones.

Con todo, Peña Nieto no ha enfrentado éste como el suceso de mayor conflicto.

A principios de noviembre, un trabajo de investigación de Aristegui Noticias, publicado también en este diario, revelaba la existencia de una casa en la exclusiva zona de Las Lomas, valuada en 86 millones de pesos.

Originalmente se atribuyó la propiedad de la residencia a Peña Nieto.

Como lo anterior se difundió cuando el mandatario viajaba para una gira por China y Australia, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, salió a aclarar: la mansión pertenece a Angélica Rivera, esposa del presidente.

Pero más allá de la posterior presentación de la también ex actriz de Televisa para, en un video, explicar cómo se hizo del inmueble, la controversia ha girado en torno a la empresa constructora, Ingeniería Inmobiliaria del Centro, perteneciente al Grupo Higa.

Es una compañía a la cual se han otorgado jugosos contratos de construcción en la actual administración federal y en los tiempos de Peña Nieto como gobernador del estado de México.

Se trata además de una empresa integrada en el consorcio ganador de la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, proceso revocado de manera súbita el pasado 6 de noviembre.

Pero hacia mediados de septiembre el mandatario tenía ya como agobio y perturbación a su idílico momento mexicano otro conflicto de grandes dimensiones políticas y de justicia, porque resultó involucrada una de las instituciones pilares del Estado mexicano y a la cual él no se ha cansado de ensalzar: el Ejército.

Fue también en septiembre cuando una investigación periodística reveló la ejecución, por soldados, de al menos 15 de las 22 personas que perdieron la vida en un operativo antisecuestro.

Simulando enfrentamientos

Las fotografías reveladas en La Jornada demostraron fehacientemente cómo la escena de los hechos fue alterada para aparentar un enfrentamiento en lo ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya, estado de México. A la fecha hay siete militares consignados como responsables de esos crímenes.

De ese modo, con esos tres hechos de gran impacto, cuya conclusión –sobre todo en el caso de Ayotzinapa– está lejos de verse, también desaparecía el trayecto presidencial de nueve meses en el que el discurso se ufanaba de la conclusión del proceso de 11 reformas estructurales.

Entre éstas y con un proceso legislativo acelerado está la modificación radical al régimen de la industria energética nacional –petróleo y electricidad, sobre todo– para permitir la participación del sector privado nacional y extranjero. La legislación secundaria se aprobó en el Senado el 6 de agosto.

Otros hechos destacables y en los que la administración de Peña Nieto asumió una actitud triunfal por su participación fueron la atención a los cuantiosos daños provocados en Baja California Sur por el huracán Irwin, en septiembre; la detención, el 22 de febrero, en Mazatlán, del poderoso narcotraficante de Joaquín El Chapo Guzmán, y el descubrimiento y desaparición del albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, donde cientos de personas vivían en condiciones infrahumanas bajo el férreo control de Rosa Verduzco, contra quien no se ejerció acción penal.