a respuesta del gobierno federal ante las protestas por los actos de barbarie ocurridos en el estado de Guerrero el pasado septiembre, en los que fueron asesinadas seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, tiene en el mensaje presidencial del jueves pasado dos componentes: por un lado, un decálogo que incluye el anuncio de reformas de carácter judicial, policiaco y para el combate a la corrupción. Por otra parte, el reconocimiento de las raíces económicas y sociales que mantienen al sur de México en el rezago. Es conveniente detenerse en el examen de este segundo aspecto, pues, de llevarse a la práctica las reformas anunciadas para impulsar el desarrollo de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estaríamos ante uno de los cambios más importantes impulsados por un movimiento social en nuestro país en el presente siglo.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló el jueves que detrás de la violencia y la debilidad institucional que se evidenciaron con los acontecimientos en Iguala hay una dimensión económica y social. Se refirió a dos Méxicos; uno de ellos, el del sur, con niveles de pobreza y rezagos ancestrales que no han sido resueltos. Mientras los estados de la frontera norte y el Bajío incrementaron su producto interno bruto per capita en 40 por ciento en los pasados 20 años, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas prácticamente no aumentó. Y estas disparidades incluso se están ampliando, dijo.

También reconoció que la mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves del país tienen origen, precisamente, en la falta de desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y anunció medidas a corto y mediano plazos para estimular la economía de la región. Entre ellas un programa emergente para la creación, de infraestructura, de estímulo al empleo con créditos a las pequeñas y medianas empresas y para la agricultura, así como la reactivación económica de Acapulco.

En el mensaje el titular del Poder Ejecutivo anunció medidas más ambiciosas que incluyen inversiones para la creación y modernización de hospitales y carreteras y la construcción de tres gasoductos. Adelantó la conformación de tres zonas económicas especiales con un marco regulatorio e incentivos particulares: una que conectará el Golfo de México con el Pacífico; otra en Puerto Chiapas, y la tercera en el puerto Lázaro Cárdenas. Para ello se enviará al Congreso de la Unión en febrero una iniciativa para hacer realidad este programa. Para el caso del campo, Peña Nieto informó que publicaría un decreto con el fin de otorgar un trato fiscal diferenciado a los productores agrícolas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como medidas para impulsar el desarrollo de empresas agroindustriales en las tres entidades.

La vinculación de estas medidas con la respuesta social ante lo acontecido en Iguala es abierta e inocultable: “La gravedad del momento –dijo– nos debe llevar a innovar y a proponer lo que nunca se ha intentado”.

Entre los aspectos sociales a los que se refirió el Presidente en su mensaje pueden destacarse sus referencias a la educación y la investigación científica, con lo que, a mi juicio, toca el centro de la problemática social en el sur del país. Para empezar, la situación de las normales rurales, cuna del actual conflicto social que vive México, siempre combatidas por los sectores oficialistas, sometidas a condiciones presupuestarias que parecieran buscar su desaparición.

El apoyo a estas escuelas es urgente y una respuesta correcta ante la crisis actual, como también lo es la puesta en marcha de un programa de becas para favorecer la formación de recursos humanos en todos los niveles educativos en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Si, es cierto, las escuelas rurales pueden ser sitios en las que surgen luchadores sociales, porque en esas escuelas, por su composición y por estar en estrecho contacto con los problemas de la población, se convierten en naturales reflejos de la realidad cruda de los sectores más pobres del país. Son los intelectuales del campo, los representantes de sus padres, hermanos e hijos… los primeros dispuestos a decir ¡basta!

En cuanto a la investigación científica, esta es la mejor estrategia para fortalecer la educación superior y formar los cuadros que se requieren para dar soporte a cualquier programa de desarrollo económico. Permitiría fortalecer a las universidades estatales o acompañar la creación de nuevas escuelas o unidades científicas de instituciones nacionales bien consolidadas. Esto puede alinearse además con los planes para el avance científico y tecnológico que encabeza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para avanzar hacia una sociedad y economía basadas en el conocimiento.

En mi opinión, el programa planteado por el presidente Enrique Peña Nieto para el desarrollo del sur del país requiere del debate constructivo de la sociedad. Es importante tener muy claro que no se trata de dádivas. Es la respuesta ante la protesta de la sociedad por los hechos ocurridos en Iguala. Por eso hay que discutirla y vigilar su cumplimiento. Son los primeros efectos transformadores de la movilización social.