El encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, dijo ante senadores que la empresa Oceanografía provocó un daño patrimonial a Pemex por más de 500 millones de pesos, y sostuvo que van a mantener sus argumentos jurídicos con las autoridades judiciales, a fin de que la empresa pague ese quebranto y siga inhabilitada.

Adelantó que puede haber más involucrados en actos irregulares cometidos por Oceanografía, que la dependencia a su cargo está investigando. Expuso que se sancionó a cuatro funcionarios de Pemex y se investiga la declaración patrimonial de otros que tuvieron relación con los contratos otorgados a la naviera.

Durante una reunión con los integrantes de la comisión de seguimiento al caso Oceanografía, el funcionario fue cuestionado por legisladores del PRD. Dolores Padierna y Mario Delgado le dijeron que la Secretaría de la Función Pública no ha actuado de manera clara y eficiente, ya que conocía muy bien la historia de corrupción de la naviera y no hizo nada para proteger a Pemex y evitar el saqueo de recursos.

Padierna recordó que el Órgano Interno de Control de Pemex encontró irregularidades en cuatro auditorías realizadas, entre ellas pagos de trabajos no ejecutados por Oceanografía y obras inconclusas. ¿Cómo pudo mantenerse esta situación por ocho años consecutivos, sin que la SFP hubiera actuado para proteger a Pemex?, le preguntó.

Olivas defendió la actuación de la SFP. Dijo que de 2006 a la fecha Oceanografía concursó en 406 ocasiones por contratos con Pemex y sólo obtuvo 82, y más de 50 por ciento de ellos fueron revisados. Dijo también que las facultades de la ASF son insuficientes para combatir la corrupción como quisiéramos.

Aprovechó para pedir a los legisladores que den mayores atribuciones al órgano responsable de combatir la corrupción.

Ojalá, cuando aborden el Sistema Nacional Anticorrupción, se le otorguen a la dependencia facultades para poder obtener información en materia bursátil, del Sistema de Ahorro para el Retiro y cooperativas.

Insistió en que la SFP tiene atribuciones en el sistema bancario, pero no son suficientes para investigar a servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción, y en el caso de las empresas, nada puede hacer la dependencia. Se refirió también a la necesidad de que los registros públicos de la propiedad en todos los estados de la República se digitalicen por completo.

Ante otro cuestionamiento de la senadora Padierna, sobre la decisión del juez Consuelo Soto, quien rehabilitó a Oceanografía al resolver que pueda seguir participando en licitaciones, Olivas dijo que está obligado a atender esa resolución judicial, pero defenderá sus actos de autoridad con argumentos judiciales.

Hizo notar que el juez consideró que la sanción de 500 millones de pesos a Oceanografía, Pemex ya la retuvo –de los pagos que podría hacerle en un momento dado– y, por tanto, se debía devolver esa cantidad a la naviera. A eso nos estamos oponiendo, y las autoridades judiciales tendrán que determinar qué es más importante, si un acto de autoridad o el tratar de rehabilitar a una empresa que está quebrada.