o se hizo esperar la reacción de la derecha xenofóbica estadunidense al decreto migratorio mediante el cual el gobierno de Barack Obama pretende aliviar la situación de unos 4 millones 400 mil extranjeros indocumentados –de un total de 11 millones que, se estima, residen en el país– y suspender provisionalmente la amenaza de deportación que pende sobre ellos: una coalición de 17 estados, encabezada por Texas, presentó ayer una demanda en contra de la Casa Blanca ante la Corte Federal del Distrito Sur de aquella entidad. De acuerdo con el alegato interpuesto, el gobernador electo de Texas, Greg Abbott (republicano), el mandatario carece de facultades para rescribir las leyes migratorias y ha abandonado su obligación de hacer cumplir las normas aprobadas por el Poder Legislativo.

De esta forma, los sectores políticos que torpedearon sistemáticamente en el Congreso toda posibilidad de aprobar una reforma migratoria atacan ahora por la vía judicial las medidas por decreto para atenuar la persecución contra los inmigrantes indocumentados, presentadas por Obama como sucedáneo de la promesa electoral que no ha podido cumplir en los casi seis años que lleva en la presidencia.

Incluso si el decreto presidencial no hubiese sido enfrentado por 17 gobernadores, su aplicación habría tardado varios meses. Como señalaron recientemente diversos especialistas en materia migratoria, la expedición de los formatos de solicitud para acogerse a los beneficios de las medidas de Obama difícilmente habrían estado listos antes de abril. Ahora, con un proceso legal de por medio, cabe dudar de que el decreto referido pueda concretarse a corto plazo e incluso es posible que ello no ocurra en lo que queda del segundo periodo del actual mandatario, es decir, de aquí a enero de 2016.

En esta circunstancia, y en tanto no se agote el procedimiento judicial, Obama tiene aún un recurso simple para aliviar en alguna medida la injusta e inmoral persecución contra los inmigrantes, es decir, aplicar las leyes vigentes en una forma menos implacable que como ha venido haciendo desde el principio de su administración. Cabe recordar que Bill Clinton y George W. Bush, antecesores demócrata y republicano del actual presidente, no fueron tan severos en la ejecución de deportaciones, ni sus gobiernos fueron tan insensibles a la hora de adoptar medidas que implican la separación de padres de sus hijos menores.

Más allá del tema migratorio, el fracaso de la reforma prometida por Obama es una clara muestra de la impotencia real en que ha debido desenvolverse el que es, en teoría, uno de los hombres más poderosos del mundo, con las manos atadas por intereses económicos y por prejuicios ideológicos y, lo peor, convertido en buena medida a los valores que decía combatir cuando el electorado lo convirtió en el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos.