Arremete la derecha
Silenciar protestas, fin
Impunidad campante
ada nueva legislatura, o cada que se ofrece, la derecha partidista del país, representada por el PAN y el PRI, pero que tradicionalmente se viste de azul y se hace llamar Acción Nacional, trata de meter en la ilegalidad la protesta callejera, sin que hasta ahora haya tenido suerte.
Y cada vez, los azules suponen que ya vencieron los preceptos de libertad que aún quedan en el país y lanzan la misma idea de siempre con algunos cambios que la actualizan, pero que en el fondo es igual a la de siempre: condenar las marchas, las manifestaciones que se efectúan en las calles; silenciar la protesta.
Este año, en la Asamblea Legislativa del DF se trató, con el pretexto de la Ley de Movilidad, limitar, por decirlo de alguna forma, el derecho a la protesta en las calles de la ciudad, y lo peor no era eso, el intento, sino que ahí, escondida entre las muchas palabras de la ley, se obligaba a los ciudadanos y a las organizaciones de todo tipo a pedir permiso para salir a manifestar sus discrepancias con algún tema de gobierno.
Desde luego, para los panistas no era ni es importante saber cuál es la causa que origina el rechazo, por ejemplo a una ley. Se condena la protesta no a lo que la provoca, lo que hace que los demandantes que no logran respuesta satisfactoria a sus peticiones repitan y repitan su repudio siempre con mayor fuerza, y cuando la protesta alcanza a ciertos grupos sociales, entonces se culpa al que repudia la ley, pero no al que causa ese repudio.
En esas andan los priístas y los azules, que seguramente suponen que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se debe a que esos jóvenes circulaban en las calles de Iguala y con ello perjudicaban a terceros, por lo que se hizo indispensable el legítimo uso de la fuerza
y los desaparecieron.
Hace no mucho alguien se preguntaba, ¿quién protege a la ciudadanía de los ataques de los jóvenes a los que se les ha acusado de vándalos?, pero a nadie se le ocurrió preguntar, ¿quién nos protege a todos los ciudadanos de los funcionarios públicos que han medrado gracias a las corruptelas o quienes aprueban leyes contrarias al bien común y causan descontento e ira? De ellos, ¿quién nos protege?
Cosa de mirar de cerca la vida política y acordarnos de que una de las palabras más socorridas en todos los espacios de la prensa es: impunidad. Por lo regular, la palabra no se aplica para el medio centenar de individuos que usan la violencia como método de protesta, sino para señalar a muchos políticos de todos los partidos, entre ellos el PAN, que dejan sin castigo a sus militantes que faltan a la honradez.
No hay que ir muy lejos, basta recordar el nombre de Édgar Borja, el asambleísta del DF que exigía hasta 20 millones de pesos para la compra de pintura a un proveedor. Eso es lo que los azules no quieren que vaya a la calle; no desean que la protesta sobre los manejos de quienes gobiernan sean exhibidos en las manifestaciones de repudio. Por eso, para ellos es mejor reprimir que cambiar lo que está mal.
En la Asamblea Legislativa del DF pasó de entrada la llamada Ley de Movilidad, que, como señalamos arriba, ordenaba que quien fuera a salir a las calles a manifestar algún tipo de descontento con el gobierno pidiera permiso. El intento se frustró, la ley se echó para atrás, pero ahora la panista Laura Ballesteros, entre otros, ha querido que desde el ámbito federal, donde más duele políticamente el rechazo popular, se reviva la idea.
Tal vez sería mejor que se pensara primero en darle vida a la revocación de mandato, que podría, en algún momento, cambiar las cosas para impedir que la impunidad siga campeando y así, tal vez, la gente ya no saldría a reclamar lo que es justo.
De pasadita
Es muy probable que en el Gobierno del Distrito Federal las aguas permanezcan tranquilas hasta que empiece el nuevo año y con él se den algunos nombramientos, como el de quien se encargará del área de comunicación social. Así que todos tranquilos, Miguel Ángel Mancera tendrá tiempo para pensar. Nada más.
