La Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley de Juegos y Sorteos, que abre la puerta para que puedan celebrarse toda clase de juegos con apuesta en el país, desde cartas hasta máquinas tragamonedas, y que pretende acotar la concentración de permisos en un reducido grupo de empresarios.

Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), expuso que la legislación tiene como centro a las personas, al garantizar su derecho al libre esparcimiento, pero también su protección, con políticas públicas para un juego responsable y la salvaguarda de su salud, con atención y prevención de la ludopatía.

Con excepción de un sector del PT, todas las bancadas consideraron que se trata de una ley que acabará con el juego clandestino y el auge de operaciones ilegales, como las que se realizan con miles de máquinas tragamonedas instaladas en misceláneas, farmacias y mercados sobre ruedas, que son utilizadas incluso por menores de edad.

Los legisladores explicaron que sólo se otorgará un permiso por empresa para explotar un solo casino, se permitirá el ingreso a mayores de 21 años y la entrega de autorizaciones de uso de juego dependerá de los municipios.

Al explicar el alcance de la ley –turnada al Senado–, Moreno Cárdenas sostuvo que también se otorga certeza jurídica a los empresarios y se cambia el paradigma del juego en México, porque lo relevante en la legislación no es el juego y el sorteo, sino la existencia de una apuesta.

Por ello, dijo, de un catálogo o una definición sobre los juegos permitidos, se abre la puerta para que en el país puedan celebrarse toda clase de juegos con apuesta, como por ejemplo los juegos de cartas y las máquinas tragamonedas, bajo estándares que brinden seguridad al participante.

También, explicó, se constituye el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos como autoridad encargada de regular el mercado, en sustitución de la Dirección General de Juegos y Sorteos, de la Secretaría de Gobernación.

El legislador priísta refirió que dicho instituto determinará a qué empresas se puede otorgar un permiso y verificar las actividades que los concesionarios desarrollen. Ese organismo contará con un cuerpo de supervisores y tendrá la atribución directa de clausura.

La regulación, agregó, obliga a que los permisionarios sustituyan sus concesiones en vigor por nuevas, con una vigencia de 20 años y prorrogables en periodos de 10.

Los diputados petistas Magdalena Núñez y Manuel Huerta expresaron su rechazo a la ley. Núñez argumentó que el país no requiere casinos, sino justicia pronta y el bienestar de la ciudadanía que, indicó, no se privilegia en la norma.

Su compañera de bancada, Lilia Aguilar Gil, expuso que si bien el PT no está de acuerdo en los casinos, como éstos ya existen, se requiere regularlos.

La apertura terrible de este sistema, intensificado en el sexenio de Felipe Calderón, ha derivado en que haya más casinos que universidades. Con Vicente Fox se puso el control de los casinos en unas pocas manos, con un reglamento inconstitucional, que facilitó sobornos de las mafias a funcionarios de Gobernación. (Santiago) Creel firmó permisos para 250 casinos una semana antes de irse y Calderón, antes de terminar su sangriento gobierno, otorgó otros 94, recordó.

Cuestionó que el denominado Zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona, actuó en complicidad con el ex presidente del PAN (Gustavo Madero Muñoz), a quien presuntamente le financió su campaña en 2010.

Ricardo Mejía, vice coordinador de Movimiento Ciudadano, sostuvo que aún si la cámara no legislara en la materia, el juego, lo queramos o no, va a existir: si lo prohibimos habrá clandestinaje y no habrá regulación del Estado capaz de someter esta actividad.