Ante la pretensión del Congreso de la Unión de emitir una ley general que regule las movilizaciones sociales en el país, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que se mantendrá atenta al proceso legislativo para evitar que se vulnere el derecho de los ciudadanos a protestar.

El organismo señaló que realizó un análisis del dictamen sobre las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución –aprobadas por PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados– y considera preocupante que para armonizar este derecho en la legislación secundaria se pretenda facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general en esa materia.

Recordó que existen antecedentes recientes de regulación de la movilidad humana en distintas entidades que han incorporado restricciones y condiciones que atentan contra la libertad de reunión, de expresión y de manifestación, y más concretamente contra el ejercicio legítimo de la protesta social.

Ante ello, la CDHDF advirtió que estará atenta al proceso legislativo y buscará aportar elementos desde la perspectiva de derechos humanos que aseguren el derecho a la movilidad universal sin menoscabar o restringir otros derechos y expresiones públicas.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, dijo que el órgano analizará los alcances del fallo emitido por una juez federal que declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley de Movilidad local, aprobada en julio pasado.

Entrevistado en el Tribunal Superior de Justicia capitalino, manifestó que la ALDF atenderá todos los mandatos judiciales, pues lo mejor es generar las condiciones para que las leyes no sean inconstitucionales.

El juzgado segundo de distrito en materia administrativa otorgó un amparo a la organización civil Frente por la Libertad de Expresión al considerar que los artículos 212, 213 y 214 de la citada norma violan los derechos a la manifestación y libre expresión, al poner condiciones para realizar marchas, como avisar al gobierno con al menos 48 horas de anticipación.

Sin embargo, Granados Covarrubias recordó que aún se está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto de las controversias interpuestas tanto por la CDHDF como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra esos mismos artículos.

Al respecto, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, dijo que esta suspensión marca una ruta de análisis para equilibrar y garantizar los derechos a la libre manifestación y el libre tránsito, que es el alcance que se busca con la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte.

Entrevistada luego de reunirse con diputados de la ALDF, informó que buscará, junto con organizaciones de la sociedad civil, crear mecanismos para evitar que en las movilizaciones pacíficas se infiltren grupos que ocasionan violencia.