La causa principal de los 82 casos de agresión contra defensores del derecho a la tierra ocurridos entre enero de 2013 y abril de 2014 está ligada a proyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos de empresas nacionales y extranjeras que afectan a comunidades enteras, denunció Greenpeace México.

Informó que en este periodo se han documentado 39 amenazas, 15 agresiones físicas, 13 casos de criminalización, 12 intimidaciones y cuatro asesinatos de activistas.

Con los datos del reciente informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y los propios, la organización ambientalista expresó su preocupación de que la reciente reactivación del dictamen de la Ley General de Movilidad obedezca a un intento por restringir aún más el derecho de protesta.

Esto en el contexto de un enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcionada, generando violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso integridad.

En tanto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señaló que las defensoras y los defensores del derecho a la tierra son especialmente vulnerables en México. Reportó que entre 2009 y 2012 hubo más de 50 casos de ataques, incluyendo asesinatos, contra defensores de los derechos a la tierra y de los medioambientales en 17 entidades del país.

La mayoría estaban vinculadas a proyectos de minería (15) y de explotación forestal (15). Además, había casos ligados a temas turísticos (tres), inmobiliarios (dos), hidráulicos (siete) y de infraestructura (cinco). Estos datos se integran también al informe del observatorio, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Greenpeace y Cemda destacaron que los ataques contra defensores del derecho a la tierra son extremadamente preocupantes. Es urgente poner un alto. Estos defensores están atrapados en el fuego cruzado entre los usuarios pobres de la tierra que luchan por el respeto a sus derechos humanos básicos y los poderosos actores económicos que luchan por conseguir jugosos beneficios, por lo que representan uno de los grupos de defensores de derechos humanos en situación de mayor vulnerabilidad, indica uno de los fragmentos del informe presentado simultáneamente en París y Ginebra, y distribuido aquí por ambas organizaciones mexicanas.

Esta especial vulnerabilidad, reporta, se debe a varios factores, entre los que se incluyen el hecho de que desafían a importantes intereses económicos respaldados por actores poderosos, como los estados y las empresas, y el hecho de que generalmente operan en zonas remotas en las que el estado de derecho es débil y en las que es difícil acceder a los mecanismos de protección.