La prueba clínica para detectar la enfermedad renal en sus etapas iniciales cuesta 16 pesos. Se debería realizar una o dos veces al año, al menos, a las personas que viven con diabetes e hipertensión arterial, porque esa es una de sus principales complicaciones, pero no se hace, por lo que en el país hay 9 millones de personas con algún grado de falla renal y lo desconocen.

De estos, 163 mil están en etapas avanzadas y requieren tratamiento sustitutivo, pero sólo lo tienen 60 mil, la mayoría (50 mil) por ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto significa, dijo Juan Pablo Flores Garnica, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes del estado de Hidalgo, que más de 100 mil afectados no reciben la atención médica que necesitan.

La insuficiencia renal crónica es causa directa de 10 por ciento de las muertes que se registran en el país. La cifra sube a 80 mil si se considera como parte de las complicaciones que presentan las personas con diabetes e hipertensión arterial, indicó el especialista.

Ayer se presentó la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales AC (Femetre), que busca dar visibilidad a la problemática de las personas que viven con este mal y la necesidad de garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos a todos los afectados.

El argumento de las autoridades para rechazar la petición es el alto costo de las terapias sustitutivas (diálisis y hemodiálisis).

Sin embargo, Castro resaltó ayer que si bien es importante hacer efectivo el derecho a la salud y a una buena calidad de vida para los enfermos en etapa terminal, una medida que contribuiría a reducir la carga económica es la detección temprana. Advirtió que identificar la falla renal en sus etapas iniciales permitiría retrasar 20 años el inicio de los procedimientos de diálisis.

La Femetre es presidida por Esther Rayek Sacal, a quien le realizaron un trasplante de riñón hace 18 años. Es ejemplo, dijo Heladio Verver, asesor de la coordinación del programa Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social, del beneficio de ofrecer la atención integral, incluida la cirugía sustitutiva, a los pacientes. Esther se reincorporó a la actividad productiva y ahora encabeza los esfuerzos de la nueva agrupación.

Carlos Castro comentó que en el panorama de la insuficiencia renal también figura la carencia de médicos especialistas en nefrología, pues sólo existen 800 certificados en el país. Esto complica la situación, porque tampoco es posible ofrecer a los enfermos las últimas novedades en  materia de tratamientos con un costo 50 por ciento menor a los esquemas tradicionales de diálisis y hemodiálisis. Estos representan una inversión de 300 mil pesos por persona al año.

El activista reconoció que la insuficiencia renal crónica es un padecimiento de alto costo. Sin embargo, dijo, es falso que no haya dinero para atenderlo. Sí lo hay, falta saber usarlo, por ejemplo, para la detección temprana y evitar que el número de enfermos siga creciendo.