on toda razón, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, en su séptimo informe de labores al frente del poder judicial local, advirtió sobre el riesgo real que hay de un posible fracaso en la implementación de los juicios orales, que pronto se verá
, afirmó, si no hay esquemas presupuestales y financieros
. Esto es, sin recursos económicos no hay reforma que funcione con eficacia y menos una tan radical como la que se encuentra a la vuelta de la esquina.
La inconsulta reforma penal, que como señalé desde que se aprobó, es más bien una reforma policíaca, percusora de la mano dura que ya sufrimos, dispuso desde 2008 que los juicios orales empezarían a funcionar al final de un lapso bastante largo, que está llegando a su término.
La reforma judicial o policíaca fue la primera de las llamadas estructurales
, encaminadas a desmantelar el estado mexicano tal y como fue concebido por el Constituyente; el objetivo es sustituir con el liberalismo económico, que se impone contra viento y marea y que tantos males ha acarreado, al modelo de economía mixta y reconocimiento de las áreas sociales y estratégicas en el desarrollo.
Un observador de los hechos sociales se percatará de que hemos caminado desde entonces y un poco antes, cuando se nos impuso el Tratado de Libre Comercio, de un Estado organizado para buscar la igualdad y la justicia social, a uno concebido como instrumento protector de empresas privadas y presto a desmantelar la economía mixta.
En materia de justicia, como se hizo notar en el informe, para construir salas adecuadas para juicios orales y para capacitar jueces, agentes del Ministerio Público, personal auxiliar, policías, tanto de investigación como preventivos, se requiere un presupuesto suficiente con el que actualmente no se cuenta; esto es lo que justificadamente reclama el magistrado Édgar Elías Azar, pero no es lo único, es indispensable también información veraz y objetivos claros al explicar los alcances de la reforma que por lo visto ya se está implementando.
Los juicios orales se aprobaron junto con las reformas que prepararon el endurecimiento de la represión; arraigos, cateos, espionaje telefónico y autorización para que toda policía, incluyendo las preventiva, militar, gendarmería, etc, pueda investigar delitos; lo de los juicios orales en mi opinión, sirvió sólo para justificar las otras reformas.
Habrá que agregar a la advertencia del magistrado presidente que se nos ha querido convencer de la bondad de los juicios orales, al decir que hemos avanzado de un procedimiento inquisitorial a otro adversarial; los juicios orales posiblemente puedan ser justos y rápidos, habrá que ver; lo inaceptable es que se nos pretenda convencer con información falsa o equivocada.
En el mensaje y proyecto de Constitución que Venustiano Carranza presentó al Constituyente de Querétaro a finales de 1916, sin duda con la asesoría y opinión del jurista Luis Cabrera, se hizo una critica severa al sistema judicial del siglo XIX, precisamente por ser inquisitorial y se propuso un cambio radical, que finalmente fue aprobado. Ciertamente, los jueces del porfiriato asumían dos facultades incompatibles, por un lado investigar los delitos y recabar las pruebas, y por otro juzgar a los reos y dictar las sentencias contra ellos; eran juez y parte.
Aprobada la Constitución entraron en vigor los procedimientos adversariales, y se estableció un sistema de oralidad. La mayoría de las diligencias: audiencias, careos, interrogatorios a peritos y testigos, aunque se hacen constar en el expediente, son diligencias orales, así que no vengan a decirnos que los procedimientos novedosos nos están sacando del atraso y la oscuridad. Lo que no funcionaba bien, no era por falta de disposiciones legales, sino por prácticas corruptas, pocos recursos y funcionarios no siempre bien preparados. Mas recursos sin duda, también menos espíritu de sumisión.
