En estos momentos de inconformidad social en el país no es prudente aprobar una ley antimarchas, advirtió Jesús Mendoza Zaragoza, titular de la Pastoral Social de la arquidiócesis de Acapulco, Guerrero.

Lo que se requiere en estos momentos aciagos, dijo, es que el gobierno escuche a los ciudadanos y no pretenda limitar su derecho de expresión, de ahí que la promoción de una ley de movilidad sólo encendería más la inconformidad ciudadana.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la arquidiócesis de Acapulco presentaron ayer dos documentos de acompañamiento a las víctimas del crimen organizado, en los cuales destacan la necesidad de establecer la paz en México.

En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Víctor Hugo López Rodríguez, dijo que la propuesta de reglamentar las manifestaciones es una regresión. Con esa propuesta se coartarían los derechos de la sociedad civil”, agregó.

Mendoza Zaragoza subrayó que el problema está en el contexto en el que se hace la propuesta de reglamentar las movilizaciones: Pareciera que es un intento de tener el control de la libertad de expresión y de la protesta social, y habría que ver bien el contenido, de tal forma que se mantenga el derecho a expresarte, a la protesta, que sea un derecho legítimo.

Agregó que si algo tuviera que regularse sería que el derecho a manifestar la inconformidad respete a otras garantías, más aún en un contexto como en el que estamos viviendo, que es explosivo.

El reclamo es nacional, y “aunque nos tronó en Guerrero, en este asunto (de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos) la actitud que se esperaría de las autoridades es la de escuchar y atender a la gente, así como distinguir perfectamente la protesta social del vandalismo.

Desde San Cristóbal de las Casas, López Rodríguez señaló que el derecho a la protesta es una de las garantías que por excelencia tiene la sociedad civil para manifestar sus inconformidades, plantear demandas para que sean atendidas y que nos permite tener un pulso de la realidad y de la denuncia pública.

Las propuestas, dijo, confirman la tendencia de control social que hemos venido testimoniando con el regreso del PRI a la Presidencia.