La iniciativa presentada al Senado por el Ejecutivo en materia de seguridad pública municipal, estatal y federal, implica la alteración del orden constitucional o la imposición de un estado de excepción respecto del principio de organización federal de la República.

Un análisis elaborado en la bancada del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados sostiene que el Senado no conocería los planes o programas que pretenda aplicar el gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada. Al modificarse el esquema de coordinación entre Federación y entidades federativas, el gobierno federal pretende establecer como facultad recurrente la posibilidad de intervención en materia de seguridad pública tanto policías locales como federales, si se aprobara en sus términos la propuesta, en cualquier momento agentes federales podrían tomar el mando de la entidad estatal o del Distrito Federal, pues no existe una delimitación de concurrencia. Esto conllevaría la obligación de las policías estatales de acatar el mando de las federales.

En el caso de la policía estatal única –refiere el documento– se privaría a los municipios de la facultad y de la responsabilidad de la seguridad pública, manteniéndola sólo en la Federación y en las entidades federativas (incluyendo al Distrito Federal). Se dotaría a los municipios únicamente de la facultad de diseño y ejecución de las políticas públicas de prevención no policial del delito, es decir lo que se denomina la prevención social del delito.

Agentes administrativos

La iniciativa presidencial también considera el respeto a la facultad de los municipios para hacer cumplir mediante coerción los bandos de buen gobierno e imponer infracciones administrativas, para lo cual se les permitiría establecer cuerpos de agentes administrativos, prohibiendo expresamente que se les dote de carácter de policías.

Lo que sí se conservaría es la obligación de los municipios de financiar la seguridad pública en su jurisdicción, por lo que se les ordenaría realizar las aportaciones correspondientes a los estados que determinen las leyes.

Por tanto, los municipios dejarían de formar parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al ordenar al Congreso de la Unión –como enuncia la incitativa– la emisión de una ley general que distribuya competencias entre Federación y entidades federativas para investigar, perseguir y sancionar delitos, se aprecia, que las facultades de la iniciativa conceden al Congreso federal, discrecionalidad porque no está sujeto a principio, supuesto o criterio alguno.

También, en caso de aceptar­se el contenido de la incitativa presidencial, se modificaría el esquema de coordinación entre Federación y entidades federativas en materia de seguridad pública. En principio, se establece expresamente como una facultad concurrente, por lo que sería objeto de otra ley general; lo que deja la clara posibilidad para que intervengan en tareas de seguridad pública tanto las policías locales como las federales así se trata de territorio federales o locales.

Cabe recordar que en cualquier momento la policía federal podrá tomar el mando de la policía estatal o del Distrito Federal, por lo que esa será una de las formas de delimitar la concurrencia en la materia.