Los candidatos a presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en términos generales, proponen mantener o acrecentar la defensa de los derechos humanos con base en los acuerdos internacionales, modificar la estructura del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dotar de mayor capacitación a jueces y magistrados e incrementar los mecanismos de transparencia de la actuación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea plantea renovar el compromiso institucional con la sociedad y poner todos los recursos de la Corte al servicio del fortalecimiento del sistema judicial, con el fin de alcanzar mayor legitimidad, transitar hacia una impartición de justicia moderna y eficaz y cumplir con la parte que le corresponde en la concreción de las grandes reformas transformadoras. Plantea que los derechos humanos sean el centro y el eje de la acción institucional, y asegura que no deben descuidarse las políticas de igualdad y de género y hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

En tanto, Luis María Aguilar Morales señala que la atención debe centrarse en el Consejo de la Judicatura, pues la Suprema Corte no requiere de mayores ajustes. Expuso que ante la innegable existencia de una delincuencia cada vez más organizada y peligrosa para la sociedad, se hace necesario establecer políticas de vigilancia de la actuación de quienes participan en la labor jurisdiccional e incluso en la administrativa, para evitar influencias nocivas, ya sean provenientes de amenazas o recompensas ilegales que deformen el actuar de la Judicatura, haciendo perder a los juzgadores el valor más alto de su esencia, como es el de la independencia.

Para Margarita Luna Ramos, el PJF es hoy actor determinante en el proceso de consolidación de la democracia de nuestro país (...) constituye, actualmente, el fiel de la balanza en la solución de muchos y variados conflictos sometidos a su jurisdicción; es garante de la preservación de condiciones para una convivencia social, pacífica y armónica.

José Fernando Franco González Salas expone que se propone impulsar las nuevas medidas y acciones, sean administrativas o legislativas, que resulten adecuadas para hacer más eficiente y eficaz al PJF, incluyendo medios más adecuados para explicar y, en su caso, justificar ante la sociedad las decisiones judiciales adoptadas en el pleno.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena asevera que la sociedad está cansada de la crisis social por la que atravesamos y busca una respuesta. Las demandas sociales exigen del PJF la convicción de que el acceso a la justicia no es meramente una garantía formal y se propone tener tolerancia cero ante actos indebidos, consolidar un nuevo perfil para los que imparten justicia y generar mayor equidad de género.

Jorge Pardo Rebolledo se pronuncia por un PJF que busque hoy más que nunca el fortalecimiento y la preservación del orden constitucional. Para ello propuso mayor protección a los derechos humanos, transparentar el actuar de los jueces, así como una admninistración eficiente y transparente del gasto público, y tener acercamiento con los justiciables.