n informe realizado por el Comité Selecto de Inteligencia del Senado y difundido ayer documenta que la tortura empleada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), a raíz de los ataques del 11-9 fue aún más brutal de lo que se sabía previamente. El texto da cuenta del uso de técnicas de tortura, entre ellas el ahogamiento simulado, el sometimiento de los detenidos, la privación de sueño durante varios días, las amenazas de muerte y la aplicación de inyecciones por vía rectal. El informe también acusa a la CIA de engañar de manera rutinaria a legisladores, la Casa Blanca y al público en general sobre el alcance, dimensión del programa de interrogatorios y cárceles clandestinas operadas por esa corporación en decenas de países.

La difusión de este documento ha servido de argumento a la Casa Blanca para justificar su decisión de anular dicho programa pero, al mismo tiempo, ha sacado a relucir, de nueva cuenta, el carácter ambiguo y la mezquindad característica de Barack Obama en lo que toca a estos temas: lejos de formular un deslinde claro e inequívoco frente a dichas prácticas, el mandatario realizó una defensa apenas embozada de la labor de las agencias de inteligencia y el gobierno de su antecesor George W. Bush en su cruzadaantiterrorista; ha señalado dentro de este contexto que se cometieron algunos errores y ha pedido que no se reactiven viejas discusiones con este informe.

Por lo demás, debe recordarse que Wa-shington ha permanecido impasible ante la difusión de otros crímenes agraviantes perpetrados por su aparato militar y de inteligencia, dentro y fuera de Estados Unidos, tanto en décadas pasadas como en años recientes. Desde 1997 Washington reconoció que la CIA participó en el entrenamiento y el financiamiento de los torturadores empleados por la dictadura militar instaurada en Chile el 11 de septiembre de 1973.

Hace más de tres lustros, el Pentágono desclasificó siete manuales de contrainsurgencia, elaborados en décadas anteriores, que contenían instrucciones precisas para torturar a detenidos; de la CIA se conocen al menos cuatro documentos similares, hechos públicos en esa misma época.

Más tarde, tales conocimientos fueron ampliados por las revelaciones de Chelsea Manning –difundidas, a su vez, por Wikileaks– sobre algunos crímenes de lesa humanidad que las fuerzas estadunidenses cometieron en Irak y Afganistán.

En todo caso, la información del Comité Selecto de Inteligencia constituye un agravante adicional al descrédito del gobierno estadunidense, y coloca la barbarie como una práctica sistemática y una tendencia estructural en ese país. Ahora que se señala que la CIA engañó al Capitolio durante años, cabe recordar que ambas instituciones han transgredido en forma sistemática, deliberada y programada las leyes internacionales, estadunidenses y de otros países, y violado de la misma manera los derechos humanos de incontables personas.

Lo verdaderamente reprobable no es que las prácticas de tortura de la CIA hayan sido más brutales de lo que se suponía, sino el empleo de esas prácticas como recurso de la política, la economía, los negocios o el pretendido fortalecimiento de la legalidad por parte de la superpotencia.