En la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, ayer el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) aseguró que a los gobiernos estatales y al federal no les interesa proteger el derecho de las mujeres a la vida, pues no han instrumentado de manera correcta los mecanismos de resguardo que estipula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre ellos las órdenes de protección.

En conferencia de prensa, en la cual fueron presentados los resultados preliminares del informe Avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar 2012-2013, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, manifestó que la información que aportan las estrategias de resguardo para las mujeres evidencian un nulo interés de los gobiernos en proteger la vida e integridad de ese sector.

Explicó que, de acuerdo con registros del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), en el lapso mencionado hubo más de 83 mil 400 hechos de violencia contra ellas en el país. Sin embargo, apuntó, el número de órdenes de protección es cero.

De acuerdo con el Banavim, ninguna autoridad, ni procuradurías estatales ni jueces, ha emitido órdenes de protección en México, lo cual no representa la realidad. En ese sentido, María de la Luz Estrada lamentó que dicho banco de datos no está operando, pese a haber recibido al comienzo de sus actividades un presupuesto de 15 millones de pesos.

Expuso que una investigación del OCNF reveló que en el periodo analizado hubo 104 mil 470 hechos de violencia familiar en 12 entidades, por las cuales se emitieron 29 mil 776 órdenes de protección.

Eso quiere decir que del total de mujeres violentadas, sólo 28.5 por ciento ejerció ese derecho. Además, 91 por ciento de las órdenes de protección se concentraron en Veracruz, Distrito Federal, Campeche y Chiapas, lo cual es indicativo de que la mayoría de los estados no están cumpliendo con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia.

Indicó: “Preocupa que los jueces, autoridades encargadas de la emisión de las órdenes de protección de carácter civil, sigan sin responsabilizarse de proteger la vida y seguridad de las mujeres, ya que únicamente emitieron (de más de 29 mil) 179 órdenes de protección en los 16 estados analizados, que son los que entregaron datos.

La defensora de los derechos de las mujeres manifestó que 30 por ciento de los asesinatos ocurridos en el país son los llamados “feminicidios íntimos”, es decir, los perpetrados particularmente por las parejas o ex parejas. Incluso, por sus hijos.

Expresó que, además de ser pocas, las órdenes de protección suelen aplicarse de manera deficiente, porque las autoridades las hacen con base en interpretaciones subjetivas y discriminatorias sobre el riesgo en que se encuentran las víctimas.

Existen tres tipos de órdenes de protección: las urgentes, por el inminente riesgo de perder la vida; las preventivas, y las civiles. Las dos primeras las emiten las procuradurías y el Poder Judicial. La tercera, sólo el Poder Judicial.