En tan sólo dos minutos, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer sin cambios la iniciativa presidencial para expedir la ley de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República con objeto de darle autonomía política y de operación de Los Pinos.

El dictamen fue aprobado con apenas el mínimo de asistencia de 15 de los 28 integrantes de la comisión, y contó con el aval no sólo de PRI y PAN, sino también de PRD y PT, y ante la ausencia de Movimiento Ciudadano.

La víspera, la comisión no pudo sesionar debido a que sólo se presentaron 13 diputados, y ayer apenas se logró el mínimo de asistencia, el presidente de la comisión, Ricardo Fidel Pacheco (PRI), aceleró el proceso de votación. Sostuvo que algunos cambios hechos al proyecto de dictamen habían sido acordados previamente por los diputados y enviados por correo electrónico.

Enseguida pidió que el dictamen se votara y obtuvo 15 votos en favor y cero en contra. De inmediato levantó la sesión y dejó para hoy otros dictámenes que la comisión tiene en cartera.

En sus consideraciones para aprobar el dictamen, que será votado hoy por el pleno de la Cámara, la comisión expuso que se fortalecen tres partes del sistema de procuración de justicia federal, por medio de la fiscalía:

La función del Ministerio Público de la Federación de investigar y perseguir los delitos como representante de la sociedad, al ejercer esa atribución sin estar subordinado a otro poder; robustecer su papel de representantes social y garante de la constitucionalidad de las normas; y que el Ministerio Público deje de ser percibido sólo como operador jurídico, para asumir el ejercicio de la acción penal, así como dar asistencia a las víctimas del delito.

Los diputados avalaron la propuesta del Ejecutivo para que el MP esté a cargo de la investigación de los delitos y tenga a su mando a las policías durante este proceso; preserva la facultad de atracción para indagar delitos del fuero común cuando tengan relación con ilícitos del fuero federal.

También se autorizó que la fiscalía pueda realizar detenciones sin orden de aprehensión cuando haya urgencia en el caso, es decir, se cometa un delito grave y ante el riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda recurrir a autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.