El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer reformas a la Ley de Obras Públicas, con que se busca fortalecer y simplificar el marco que regula el mercado de infraestructura, reducir conflictos y agilizar la asignación de contratos, que serán tramitados, desde su comienzo, mediante el uso obligatorio de la red Compranet.

Durante la discusión del dictamen, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), insistieron en sus críticas a los mecanismos utilizados en este sexenio para asignación de obras y presentaron como ejemplo de irregularidades y probable corrupción el contrato para el tren rápido México-Querétaro, que fue cancelado.

La reforma, planteada hace un mes por el Ejecutivo e incluida en el decálogo que presentó en Palacio Nacional, considera nuevas figuras para el otorgamiento de contratos.

Se incluyó el análisis comparativo del costo de ciclo de vida, esto es, un examen técnico, económico y financiero complementario al análisis costo-beneficio previsto en la Ley Federal de Presupuesto, para que las dependencias de gobierno evalúen las propuestas y seleccionen la que represente el menor costo a valor presente, durante el tiempo de ejecución y operación de la obra, considerando su tiempo útil y el mantenimiento.

Los diputados avalaron la denominación de proyecto de magnitud o avance relevante para obras con costo superior a 5 mil millones de pesos y tecnológicamente avanzadas.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Rosendo Medina (PRD) expresó que su bancada avaló la reforma en una coyuntura donde la opinión pública nacional se alarma ante la forma poco transparente en la cual se licitó, se adjudicó y luego se canceló el tren México-Querétaro.

La inquietud, agregó, tiene su origen en la presunción de un conflicto de intereses entre empresas beneficiadas con el tren y familiares cercanos al titular del Ejecutivo federal.

Al respecto, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja, insistió en que desde el poder presidencial se genera que un puñado de empresas se lleven la obra pública. ¿De qué sirve un sistema como Compranet, si todas las obras o las más importantes del sexenio se las llevan empresas que pueden contarse con los dedos de la mano y aún así sobran dedos?

Es el caso, afirmó, “del Grupo Higa y todas sus empresas, OHL México, con más de 41 mil millones de pesos asignados en lo que va del sexenio; el gran negocio del aeropuerto de la ciudad de México. No avalamos esta reforma mientras no se castigue la corrupción presidencial, no se toque el tema de la casa blanca de Peña Nieto y no se sancione este incalificable acto de corrupción que tiene a México hecho una vergüenza internacional”.