La Coordinadora Binacional de ex Braceros (Cobieb) interpuso un recurso de inconformidad ante el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Distrito Federal por el incumplimiento del Ejecutivo y del Legislativo en la entrega de los ahorros generados por dichos trabajadores durante su estancia en Estados Unidos. Por lo menos, resalta, deberían dar el apoyo social gubernamental instituido desde 2005 para los 40 mil 87 ex braceros.

Es reprobable que dos de los poderes máximos del país hagan caso omiso del amparo que otorgó dicho tribunal a los ex braceros para que reciban 38 mil pesos como ayuda social ante la falta de pago de los ahorros generados desde 1942 hasta 1967 por sus trabajos en campos agrícolas y construcción de vías férreas en Estados Unidos, dijo Porfirio Martínez González, asesor jurídico de la Cobieb.

Los jueces, asentó, deben “revisar y sancionar el desacato de ambos poderes, los cuales, además, tratan de confundir al Poder Judicial presentando oficios para demostrar que están cumpliendo con los pagos a los ex braceros, pero su mentira está demostrada.

Puntualizó que el pasado 5 de noviembre la Cobieb presentó dicho recurso (23/2014), que fue admitido por Miguel de Jesús Alvarado Ezequiel, juez del tribunal colegiado, a quien en los próximos días se le entregarán los elementos que demuestran las violaciones en las que han incurrido el Ejecutivo y el Legislativo.

Ganaron amparo

En los primeros meses del año, la Cobieb informó que dos mil 259 antiguos braceros, originarios de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, ganaron el amparo que interpusieron para obligar al gobierno a revisar los contratos firmados en el marco del Convenio Internacional de Trabajadores Temporales, suscrito entre México y Estados Unidos para recibir el monto de sus ahorros.

Apuntó que el Legislativo no designó ningún monto para el pago a los ex braceros en el presupuesto para 2015 y el asunto quedó en manos de la Comisión de Migrantes de la Cámara de Diputados.

En su resolutivo, el juez asentó que el Ejecutivo y la Cámara de Diputados tenían que sacar del presupuesto de este año mil 523 millones de pesos para pagar 38 mil pesos del apoyo social instituido por el gobierno en 2005.

Responsabilizó a los diputados, en particular a los del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, por el incumplimiento de la resolución del juez. Los legisladores actúan como si los ex braceros ya estuvieran muertos, pero la ley establece claramente que deberán pagarles a ellos o a sus familiares.

Destacó que el tribunal colegiado asentó en su resolución emitida en los primeras semanas del año: Si bien el presupuesto de egresos se agotó en este ejercicio fiscal (en referencia a 2013), ello no significa que exista la imposibilidad para que en un ejercicio posterior se pueda dar cumplimiento a una obligación derivada del reconocimiento inmerso en un fallo jurisdiccional firme.

A pocas semanas de que concluya 2014, el Ejecutivo y el Legislativo no cumplieron con el dictamen del juez y hay resistencia para hacerlo en 2015, indicó.