Hermosillo, Son.

Habitantes de poblados aledaños al río Sonora, afectados por el derrame de 40 millones de litros de contaminantes el pasado 6 de agosto, protestaron frente al palacio de gobierno del estado para denunciar que los apoyos del fideicomiso para sanear el cauce se reparten con criterios partidistas, y los lugareños aún tienen dudas sobre la calidad del agua de los pozos cercanos al río.

Los alrededor de 20 manifestantes afirmaron que el cauce continúa contaminado y sus actividades económicas se han visto mermadas. Agregaron que algunos políticos hicieron del fideicomiso un botín con fines electorales y que el dinero se ha repartido en comunidades alejadas del cauce.

Subrayaron que la situación de cientos de familias es desesperada, pues la ganadería y la agricultura están en grave riesgo y la región puede convertirse en un territorio fantasma, pues el desastre ecológico provocado por la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, ubicada en Cananea, agravó la migración.

Vemos que las autoridades y Grupo México (que encabeza Germán Larrea) dicen que ya todo está solucionado, que pasó la emergencia, pero eso es una mentira. La pobreza es más grande ahora que antes del desastre; la contaminación no se limpia así de fácil; no hubo un verdadero plan de remediación, acusó Apolonio Fimbres, del municipio de Ures.

El derrame de lixiviados de cobre acidulado afectó los municipios de Arizpe, Aconchi, Huépac, San Felipe, Ures, Baviácora y Banámichi, donde viven más de 23 mil personas.

El fideicomiso Río Sonora, formado por Grupo México en coordinación con el gobierno federal, recibió más de 2 mil millones de pesos para remediar los daños causados por la minera.