a desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya desnudan la barbarie, crisis político-constitucional y rampante ilegalidad que acompaña a la militarización del combate al crimen organizado o al terrorismo. Apoyada por el Pentágono y la Iniciativa Mérida (IM) esa militarización se expresa en guerra irregular con espionaje, contraespionaje, fuerzas especiales y contrainsurgencia ante un enemigo interno
que opera entre los civiles
, como dice el Pentágono, asignando a las Fuerzas Armadas de México tareas de represión interna, sin mayor efecto sobre lo que dice querer erradicar.
Más que campañas desinteresadas se trata de diseños de intervención/ocupación adosados con miles de millones de dólares de la IM para, con aval oligárquico, infligir brutales operativos de terrorismo de Estado, con miras al desalojo poblacional en regiones y territorios de interés por sus mercados, cultivos y/o riquezas naturales.
Datos publicados en noviembre por el Instituto de Economía y Paz muestran que la guerra antiterrorista de Bush/Cheney luego del 11/S fracasó al menos en su supuesta intención de eliminar o reducir el terrorismo. Las metas reales se centraron en la erogación de 4.4 billones de dólares en Afganistán, Irak y otras naciones (The Guardian 18/11/2014), a favor de contratistas, petroleras y firmas bélico-industriales que lucraron con una estabilización
fundada en un generalizado terrorismo de Estado repleto de prisiones clandestinas, controles policiales, torturas, allanamientos nocturnos acompañados de asesinatos y de un programa de reconstrucción
que nunca benefició a la población afgana o iraquí, sino a los grandes contratistas.
Antes de lanzar la guerra contra Irak como parte de la guerra al terrorismo
, Eliza Manningham Buller, entonces encargada del servicio de inteligencia británico le advirtió al primer ministro Tony Blair, socio de Bush en esa sangrienta aventura, que la guerra aumentaría la incidencia del terrorismo
. Así fue. Desde el 11/S y las agresiones contra Afganistán e Irak, se quintuplicaron las bajas por ataques terroristas. Las metas de Estados Unidos y Londres eran otras, más orientadas a los negocios y al acceso de sus firmas al gas y petróleo iraquí. Así lo comprobaron mil minutas secretas del gabinete de Blair y otros documentos desclasificados, analizados por Greg Muttitt en Fuel on the Fire (2012).
Aunque la militarización de las tareas de seguridad pública desemboca en enormes tragedias humanas, Estados Unidos y sus aliados en América Latina tipo Álvaro Uribe, Felipe Calderón o Sergio Massa (del derechista Frente Renovador en Argentina) no quitan el dedo del renglón. Hace poco Agustín Rossi, el ministro de Defensa de Argentina, rechazó una iniciativa de ley para autorizar el derribamiento de aviones en un supuesto combate contra el narcotráfico o el llamado crimen organizado
con el argumento de que la propuesta es una pena de muerte sin juicio previo
. Este rechazo a legalizar
ejecuciones extrajudiciales viene de la percepción en Argentina y mundo, sobre la severa crisis humanitaria y política por la militarización del combate al narco en Colombia y México (Stella Calloni, La Jornada, 20/11/14 p.27).
En verdad para La Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo) el uso de la fuerza militar es la última instancia y sólo en caso de necesidad extrema, pero es la primera opción del Pentágono para el desembolso de miles de millones de dólares de la IM, desatendiendo asuntos modales como el consumo de drogas en Estados Unidos, el lavado en su sistema bancario, el flujo de armamento de asalto de Estados Unidos hacia grupos armados en México, la impunidad, corrupción o enriquecimiento patrimonial de servidores públicos.
Rossi fue claro: “(N)o es la militarización para combatir ni tomar el fusil para matar narcos, el modelo de seguridad que nosotros queremos” declarándose contra el uso de la fuerza sin control de legalidad
porque, cuando se abre esa puerta (de militarizar) después cuesta muchísimo cerrarla
(ibidem). Es una advertencia que cala profundo en la UNASUR y debe hacerlo de polo a polo. Pero es la puerta que Estados Unidos quiere abrir con el Plan Colombia y la IM como modelos para recomponer su dominio hemisférico, que también incluye al sur del Bravo, el cabildeo y espionaje –de la NSA– a la cúpula político-militar y empresarial, el despliegue de bases y de la Cuarta Flota.
Patricia Espinosa, ex secretaria de Relaciones Exteriores, explicó al Congreso que de la IM (N)o hay documento firmado. No es un tratado internacional
.
Los más de 120 mil muertos y 32 mil desaparecidos por la guerra al narco lanzada por Calderón/Bush y continuada por Obama/Peña ayudan a explicar por qué la IM es un arreglo de facto que no se rige bajo el Derecho Penal Internacional ni bajo las leyes y la Constitución. La IM configura un crimen de Estado.
