A la grave crisis institucional que se vive en México por los hechos ocurridos en Tlatlaya e Iguala hay que sumar el uso de recursos públicos y de los aparatos de inteligencia del Estado para investigar a defensores y defensoras de derechos humanos y señalarlos como posibles elementos de afectación a la gobernabilidad, denunciaron diversas organizaciones de defensa de las garantías fundamentales, al conmemorar el décimo aniversario de la aplicación de las directrices de la Unión Europea sobre defensores en México, y el 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La realidad del país no se puede ocultar cuando hay evidencias claras de intentos de criminalizar la protesta y de perseguir a defensores de derechos humanos, insistieron.

En el Museo Memoria y Tolerancia ante embajadores de la Unión Europea, el representante de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, reconoció que en materia de defensa de derechos humanos ha habido avances, pero hay grandes retos, e hizo un llamado a la sociedad para fortalecer su relación con el gobierno federal y con ello el mecanismo de defensa de derechos humanos como política de Estado; la situación actual nos hace ver que no ha sido suficiente lo que hemos hecho, reconoció.

Más tarde, en otro acto que tuvo lugar en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para este tema, subrayó que es complicado hacer una ceremonia de conmemoración en momentos en los que vive el país, acongojados por esta palabra apocalíptica que es Ayotzinapa, a la que se pueden agregar Tlatlaya, Heaven, San Fernando, Cadereyta y miles de casos individuales más de personas que han sido víctimas de tortura, desapariciones forzadas y otros muchos delitos que atentan contra su dignidad.

En su turno, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, llamó a reflexionar “sobre lo que hemos hecho en los 50 años pasados para llegar a la grave crisis que hoy vive México en la materia.

Aseveró que en tanto no se aborde esta situación con seriedad y autocrítica “no seremos capaces de resolver esta situación. Es lamentable reconocer que la defensa de los derechos humanos en México es un trabajo de largo aliento que nos va a tomar mucho esfuerzo, desgaste e indignación, pero es necesario.

Previamente, en el Museo Memoria y Tolerancia, el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, destacó que trabajan con más de 30 organizaciones no gubernamentales y que se han financiado 80 proyectos con recursos por 11.2 millones de euros, relacionados con la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.