A partir de enero de 2015 se gravarán las prestaciones de los trabajadores del país, entre ellas el fondo de ahorro, por lo que a los integrantes de diversos sindicatos, como el de telefonistas, ya les informaron que se van a reducir sus ingresos, debido a que les van a aplicar impuestos sobre ese tipo de derechos.

El Sindicato de Telefonistas, junto con los de otras 25 grandes empresas del país, anunció que va a iniciar una lucha legal por el respeto a sus prestaciones.

En el marco de la reunión de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los abogados de dicho sindicato invitaron a diversos gremios a presentar recursos legales, a fin de lograr una jurisprudencia que evite la afectación a los bolsillos de todos los trabajadores del país.

Sin embargo, se explicó en el foro que son las empresas las que provocan el problema, ya que la Secretaría de Hacienda les cerró la vía para hacer deducibles las prestaciones y deberán ser ellas las que asuman el pago de los impuestos por estos conceptos, y no tienen por qué cargarlos a los trabajadores.

El presidente colegiado de la UNT y dirigente del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, explicó que la obligación de asumir los impuestos por las prestaciones otorgadas es de las empresas y no de los trabajadores, ya que son las compañías las que ya no tienen la deducibilidad.

En el mismo caso están trabajadores de diversos gremios, a los que sus patrones quieren cargar este costo fiscal, aprovechándose de que la Secretaría de Hacienda no ha dicho claramente que la responsabilidad del pago de estos gravámenes no es de los trabajadores, sino de las compañías.

Explicó que sindicatos como el de telefonistas cuentan con la prestación del fondo de ahorro desde hace muchísimas décadas, y la nueva disposición fiscal de gravar las prestaciones, que entrará en vigor el próximo año, no puede aplicarse retroactivamente a los trabajadores. En cambio, la ley sí castiga a las compañías que pagaban más de 100 por ciento de fondo de ahorro.

En el caso de los telefonistas, ahora la empresa pretende que, como ya no son deducibles las prestaciones, los trabajadores paguen los impuestos, lo que es inadmisible y puede generar un conflicto fuerte, precisó.

De ahí que se van a enviar oficios a las secretarías de Hacienda y del Trabajo señalándoles tal problemática para que actúen, ya que las empresas están empujando un conflicto por la vía fiscal.

Quieren cobrarles a los trabajadores esta disposición tributaria, denunció.