yer se cumplieron tres años del asesinato de dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa por la policía, no se sabe si estatal o federal, pues ambas agrupaciones participaron armadas en un operativo para disolver una manifestación en la Autopista del Sol.

No hay un sólo responsable de ese hecho, ni material ni intelectual. Dos policías ministeriales fueron detenidos por aparecer en fotografías apuntando sus armas a los jóvenes, pero fueron liberados cuando según las propias autoridades no se comprobó que las hubieran disparado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que los policías federales dispararon, sin embargo ni la Procuraduría estatal (hoy Fiscalía) ni la General de la República los citaron a declarar, a pesar de que hubo quien declaró haber visto a los federales disparando. El testigo fue asesinado y el asunto quedó en el olvido. En este momento la impunidad campea en este caso.

De los asesinatos del 26 de septiembre y la desaparición de 43 normalistas –uno de ellos Alexander Mora, se comprobó que fue asesinado y la cifra de desaparecidos disminuyó a 42– la situación es la misma: aunque hay detenidos, ni los policías municipales que dispararon ni el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ni su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, han declarado lo que saben sobre el tema, pues de otro modo ya se supiera con certeza qué pasó con los estudiantes.

En este contexto, las organizaciones que participan en las protestas por la desaparición de los jóvenes consideran que ninguna instancia, estatal o federal, sirve para darles respuesta. Por eso plantean simple y llanamente la desaparición de poderes y la cancelación de la elección de 2015.

No es asunto menor: la toma de las sedes distritales de los institutos electorales, federal y local, realizadas esta semana, muestran que será muy difícil para los partidos y sus candidatos hacer campaña; y para el gobierno, asumir el control.