En algunas regiones del país los derechos humanos están en crisis, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto de una generación espontánea; se gestaron paulatinamente desde hace tiempo, y las manifestaciones en calles y plazas son expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente, dijo.

Frente al presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional lanzó varias interrogantes: ¿Dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían estos deleznables episodios? ¿Cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esas regiones del país?

Preludio de la barbarie

González Pérez llamó también a entender la complejidad del enojo colectivo; el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país, sino de definir prioridades, señaló.

Después de lo ocurrido en Tlatlaya y Ayotzinapa, destacó, no puede haber vuelta a atrás ni hay manera de recuperar la engañosa normalidad previa, porque era anómala, estaba asentada, en parte, en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas.

El malestar social llena calles y plazas, está muy difundido, pero no se limita sólo a esos dos casos, y en realidad éstos han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, sociales y culturales, indicó.

Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 a Juan Manuel Estrada Juárez, de la organización Find, el ombudsman ubicó la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad como fenómenos causantes de dolor e indignación, así como de un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones; de malestar, de fractura en el estado de derecho, así como una percepción de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad”.

Presentes además en la ceremonia otros funcionarios federales responsables de la seguridad y las garantías individuales, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mas no así el procurador Jesús Murillo Karam, el presidente de la CNDH dijo que atender el tema de la impunidad es imperativo, pues representa el mayor flagelo que debemos erradicar.

La impunidad, subrayó, alienta a los transgresores de la ley, mina la confianza en las instituciones, atropella el ordenamiento jurídico vigente y humilla a las víctimas. Nadie puede mantenerse indiferente o aceptarla, pues ésta es el preludio de la barbarie.

En el acto, donde además Mayela García Ramírez recibió mención honorífica por su labor en defensa de los derechos de las mujeres, González Pérez lamentó que los legítimos y variados reclamos de justicia y de verdad se hayan visto afectados por las acciones de grupos minoritarios violentos, que quisieron generar un contexto de ruptura y de polarización social.

México requiere entender y atender su realidad, volverse a escuchar y dialogar para buscar la paz, la verdad y la justicia. Debe aplicarse la ley a quien ejerza violencia afectando derechos de terceros.

Pero también, demandó, es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades expresadas y generar canales o vías para responderlas efectivamente. Por complejas que sean las circunstancias, México no puede permitir el debilitamiento de su estado de derecho.

Intervención del Lic. Raúl González Pérez durante la Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial.

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor licenciado Miguel Osorio, Secretario de Gobernación; señor licenciado Javier Hernández, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; respetables miembros del presídium; distinguidas personalidades que nos acompañan en esta ceremonia de premiación; amigos de los medios de comunicación; señoras y señores.

Los derechos humanos están en crisis en algunas regiones de nuestro país. Ante este panorama adverso, hoy se entrega el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2014. A 66 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el anhelo por vivir bajo el paradigma de respeto pleno a la dignidad humana sigue vigente.

La conquista y reconocimiento de estos derechos aún enfrentan desafíos múltiples y en México atraviesan una etapa muy compleja. Casos tan condenables como los de Iguala y Tlatlaya han sacudido nuestra consciencia. Calles y plazas se llenan de personas que protestan, dando visibilidad a exigencias que hasta hace poco estaban dispersas.

Existe un malestar social muy difundido, pero no necesariamente tiene su origen y se limita a estos casos, los cuales más bien han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, sociales y culturales.

La violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad han provocado, además de dolor e indignación, un sentimiento de desconfianza hacia nuestras instituciones, de malestar, de fractura en nuestro Estado de Derecho, así como una percepción de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad.

Las manifestaciones son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente.

Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya, no son productos de una generación espontánea. Las condiciones que los propiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo.

Los mexicanos tenemos un reclamo de justicia y de verdad.

Dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público.

Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de Gobierno, cuando acontecían esos deleznables episodios.

Cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esas regiones del país.

Los reclamos de justicia y de verdad tienen diversos medios de expresión.

Las manifestaciones públicas son tal vez el medio más visible de protesta, la cual también ha encontrado espacios para surgir en múltiples ámbitos como los académicos, los culturales, los periodísticos y en las redes sociales.

Desafortunadamente, este ejercicio legítimo de derechos se ha visto afectado por las acciones de grupos minoritarios violentos que, ante las circunstancias que atravesamos, quisieran generar un contexto de ruptura y polarización social.

La injusticia, la mentira y la violencia, sea cual sea su origen, agreden y debilitan a México.

La verdad, la transparencia, el imperio de la ley y el diálogo nos fortalecen y dignifican a todos.

Es imperativo atender el tema de la impunidad, que es el mayor flagelo que debemos erradicar; impunidad que alienta a los transgresores de la ley, mina la confianza en las instituciones, atropella el ordenamiento jurídico vigente y humilla a las víctimas.

No podemos mantenernos indiferentes o aceptar la impunidad. La impunidad, es el preludio de la barbarie.

La esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo se podrá concretar si la defensa y protección de los derechos humanos se asume como el eje de toda actuación del poder público.

Coincido con las voces que han expresado la necesidad de conjugar tres dimensiones básicas, para posibilitar la vida en común en nuestro país, las cuales son: el ejercicio pleno de las libertades y derechos; la construcción de un piso común de satisfactores materiales y culturales que propicie la cohesión e inclusión social y el fortalecimiento de un Estado de Derecho que en verdad sea digno de tal nombre.

En esta lucha por la vigencia de los derechos humanos, la participación activa de la sociedad civil es indispensable.

Los defensores de derechos humanos son, con frecuencia, la primera voz de denuncia de los abusos y las omisiones de la autoridad; aportan a la construcción de modernas ciudadanías que fomentan la participación directa, activa y propositiva en los espacios públicos, dando cauce a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales, que permitan a todas las personas, en igualdad de condiciones, acceder al pleno goce de sus derechos, sin exclusión, marginación o discriminación alguna.

Éstos son los casos de Juan Manuel Estrada Juárez y de Mayela García Ramírez.

El ingeniero Estrada Juárez se ha distinguido por la defensa de los derechos humanos de los menores. Ha sido un promotor de rescate de niños que han sido víctimas de robo, desaparecidos, sustraídos o separados de diferentes maneras del seno familiar, y de la protección de sus padres con diversos propósitos.

Por su parte, la licenciada García Ramírez, se ha distinguido por sus trabajos en favor de los derechos de las mujeres, mediante el apoyo a madres solteras, la denuncia de feminicidios, la promoción de leyes y protocolos de seguridad, la lucha contra la violencia de género y el apoyo para recuperar la custodia de los hijos.

La actividad diaria de todos los defensores y de las organizaciones de la sociedad civil están modificando, para bien, nuestra realidad. Es por ello, que en este acto quiero reconocer pública y expresamente ese esfuerzo.

Si bien hoy distinguimos a dos personas genuinamente comprometidas con la causa de los derechos humanos, el premio, simbólicamente, considero que lo merece toda la sociedad civil organizada.

Promoveré que en sus próximas entregas, este Premio Nacional tenga una difusión más amplia y una mayor participación, a efecto de que se fortalezca y consolide como un reconocimiento a quienes son factor de cambio y ejemplifican lo mejor de nuestra sociedad.

Señor Presidente.

Distinguidas invitadas e invitados:

No puede haber vuelta atrás.

No hay manera de recuperar la engañosa normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlataya, porque era anómala, estaba sentada en parte en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas.

Revisemos autocríticamente el camino andado e intentemos reorientar nuestras acciones; entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental, obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país, sino de establecer prioridades.

En este aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos la oportunidad histórica no sólo de superar la situación actual, sino de redefinir para bien; el futuro de México.

Lo haremos, si sabemos entender y atender nuestra realidad; si volvemos a escucharnos y podemos dialogar para buscar la paz, la verdad y la justicia.

Este entendimiento y reflexión nos darán la oportunidad de evolucionar como individuos y como sociedad, y encauzar nuestras diferencias.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sustento en el reconocimiento pleno de la dignidad humana y en ejercicio de su autonomía, acompañará todo esfuerzo que desde las instituciones y la sociedad civil se emprenda con objeto de concretar ese México pacífico, próspero, justo e incluyente al que aspiramos.

Es urgente ubicar en el centro de toda la Administración Pública la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas. Es un requisito indispensable para todo acto de gobierno.

Todo el apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta pacífica, dentro del marco de la ley, y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia, afectando derechos e intereses de terceros.

Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades expresadas y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente.

También, lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, la cual lleva implícito el respeto a los derechos humanos.

Por complejas que sean las circunstancias, México no puede permitir el debilitamiento de su Estado de Derecho. Muchas gracias.