n ¡ya basta! se expresa por las calles de innumerables ciudades y pueblos hartos de una injusticia básica: las autoridades de seguridad pública matan a ciudadanos afroestadunidenses y latinos desarmados –en promedio casi dos afroestadunidenses a la semana–, casi siempre con impunidad. Hay cientos de hijos, hermanos, padres, hasta niños que murieron a manos de policías dejando familias y seres queridos sin respuesta al ¿por qué?

Pero, esta vez, el grito colectivo está en las bocas de un mosaico popular. Las calles están llenas no sólo de afroestadunidenses con algunos aliados de otras comunidades, sino que este movimiento naciente está compuesto de todos colores y etnias, algunas que jamás habían marchado con otras.

El grito común es por la justicia, y su razón inmediata es la percepción de violencia oficial y un sistema de justicia racista contra afroestadunidenses. Pero, aunque surge de ahí, poco a poco se amplía a otra cosa.

Y es que resulta que casi todas las víctimas de la violencia policiaca no sólo son de color, sino que son pobres. En el país con más encarcelados del mundo, la mayoría de los reos son afroestadunidenses y latinos, y la abrumadora mayoría, incluidos los blancos en las celdas, son pobres.

En una pancarta en las grandes marchas del fin de semana en Nueva York se leía: ¿libertad y justicia para quién?, en referencia a uno de los lemas oficiales del país, justicia igualitaria y libertad para todos.

En las marchas hay cada vez más contingentes de sindicalistas, pero también de agrupaciones de trabajadores de lavanderías, empleadas domésticas y más. A la vez, están los que trabajan en la gran industria de comida rápida, o en las megatiendas como Walmart, que ganan el mínimo o poco más, sin derechos ni beneficios. Muchos son inmigrantes, otros más son negros y latinos estadunidenses. Y éstos están redefiniendo la demanda de justicia a algo que incluye no sólo derechos civiles, sino económicos y sociales.

En conversaciones entre participantes en este nuevo movimiento, algunos comentan que éste es un nuevo movimiento de derechos civiles. Pero otros dicen que es más. La brutalidad policiaca, las cárceles, la creciente desigualdad entre ricos y todos los demás, estas son caras de dos tipos de violencia: una a golpes y balazos e intimidación, la otra económica. Esto es, en esencia, una guerra contra los pobres.

Casi todas las semanas, la desigualdad económica y la pobreza se documentan. Entre los ejemplos más recientes está un informe presentado el jueves pasado por la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, que registró que el hambre y el número de personas sin vivienda se está incrementando en las metrópolis de Estados Unidos.

Otro: el Centro de Investigación Pew reportó a finales de la semana pasada que la brecha de riqueza entre minorías y blancos se ha incrementado en medio de la supuesta recuperación económica actual. El informe calculó que la riqueza media de hogares blancos en 2013 era de 141 mil 900 dólares, o más de 13 veces la riqueza media de hogares afroestadunidenses, que es de 11 mil dólares; en 2007 los blancos tenían 11 veces más que sus contrapartes afroestadunidenses en este rubro. En el caso de los latinos, el valor medio neto de un hogar latino era de 23 mil 600 dólares en 2007, pero para 2013 se desplomó a 13 mil 700 dólares.

En tanto, la concentración de riqueza en el 1 por ciento (controlan más de 40 por ciento de la riqueza nacional) ya supera niveles no vistos desde poco antes de la gran depresión.

Ni se oculta la risa entre los ricos, y no sólo porque son más ricos que nunca, sino porque han comprado el proceso político a tal nivel que notables como los economistas premios Nobel Paul Krugman y Joseph Stiglitz, y grandes observadores como el veterano periodista Bill Moyers, se ven obligados a usar palabras como plutocracia u oligarquía para describir a este país hoy día.

La prueba más reciente –entre tantas– de esto es que en el presupuesto federal aprobado por el Congreso este fin de semana se incluyeron cláusulas que revelan quién manda. Los grandes bancos, encabezados por Citigroup y JPMorgan, lograron que sus legisladores anularan una de las regulaciones de una ley promulgada después de la crisis financiera para controlar algunas de las operaciones financieras más riesgosas que ayudaron a detonar esa crisis. Citigroup literalmente redactó la nueva cláusula.

No sorprende, ante todo esto, que el gobierno tiene cada vez menos confianza del pueblo que dice representar. El Congreso registra índices de aprobación cómicos, y la Casa Blanca, aunque más popular, no cuenta con un consenso, ya que unos dos tercios de la población opinan que el país avanza por una vía equivocada, según encuestas recientes. Más aún, este es una tendencia que se inició hace décadas, pero que hoy día ha llegado a su punto más bajo en medio siglo, según otro informe del Centro de Investigación Pew, que registra que la falta de confianza en el gobierno se ha colapsado a un punto en el que sólo 24 por ciento de la población dice que confía en el gobierno siempre o la mayoría del tiempo.

Warren Buffett, el segundo hombre más rico del país, fue muy franco en entrevistas en 2011 cuando afirmó que: ha habido una guerra de clases durante los últimos 20 años, y mi clase ganó. No estaba orgulloso de ello, ya que lo dijo como crítica de que el nivel de avaricia y desigualdad en el país podría poner en riesgo el juego entero.

Esta doble violencia, la de policías y autoridades de justicia y la violencia económica, empieza a provocar brotes de resistencia, y algunos creen que se podría convertir en un movimiento, no sólo por justicia racial, sino centrado en la demanda de justicia económica (tal como proponía Martin Luther King hacia el final de su vida). Algunos dicen que esta guerra no ha concluido, sino, como afirman muchos en las calles, esto apenas empieza.