n entrevista con este diario, la política colombiana Piedad Córdoba confió en que el año entrante tenemos que ser capaces de lograr un acuerdo de paz para el añejo conflicto entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Adujo la estela de violencia y el incumplimiento de acuerdos previos como dos lastres principales para alcanzar esa perspectiva. Señaló la existencia de intereses contrarios al término de la guerra en el país sudamericano y sostuvo que las negociaciones que se desarrollan actualmente en La Habana entre las autoridades y la guerrilla son percibidas con apatía por la población de su país, pues el proceso ha sido muy mal manejado pedagógicamente.

En el momento presente, queda claro que el proceso de paz en Colombia, a dos años de iniciado, se encuentra en riesgo permanente de descarrilarse tanto por las acciones de la organización insurgente más vieja de América Latina como por las del gobierno de Bogotá.

Las negociaciones –que han involucrado a Cuba, como país anfitrión, a Venezuela y Chile en calidad de facilitadores– no han sido sencillas, dada la gran cantidad de temas que involucran –desde la discusión sobre la política de desarrollo agrario hasta la formulación de una nueva política antidrogas, pasando por la situación jurídica y la participación política de los insurgentes desmovilizados–. Además porque desde un principio suscitaron una virulenta oposición de los sectores más reaccionarios de la clase política y la sociedad colombianas, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, promotor de la liquidación de las FARC por la vía militar y vin-culado a los grupos terroristas paramilitares creados para hacer contrapeso a la guerrilla.

A ello ha de agregarse que el mismo Santos fijó que el proceso se llevara a cabo sin ninguna clase de suspensión o tregua de la confrontación militar, lo que ha propiciado la captura de militares y civiles por parte de la guerrilla, así como acciones de exterminio de insurgentes por el Ejército colombiano, y ha derivado en suspensión del diálogo entre ambas partes.

En ausencia de voluntad oficial para complementar la negociación de paz con un cese de las acciones bélicas, en un entorno dominado por los paramilitares (cuya disolución ha sido básicamente nominal), y con los lastres que ello supone para una desmovilización plena de los combatientes de las FARC, se vuelve particularmente valiosa la participación y el compromiso de personalidades como Piedad Córdoba, quien ha vivido en carne propia la criminalización por su activismo político en favor de la paz en Colombia: debe recordarse que esa intermediación le valió una inhabilitación política en 2010 a instancias de la Procuraduría General de la Nación, en lo que constituyó una grave afectación a la institucionalidad democrática, toda vez que constituye una medida de criminalización de la acción política legal.

Para cerrar el paso a la perspectiva de un proceso de paz que se prolongue en exceso o que derive en acuerdos cosméticos detrás de los cuales se siga reproduciendo la violencia que ha asolado Colombia por más de medio siglo, es necesario que los sectores lúcidos de la sociedad colombiana presionen a su gobierno para que se abran a una perspectiva de pacificación real. En ese sentido, acaso el principal obstáculo para lograr ese tan anhelado objetivo sea la apatía a que hizo referencia la política colombiana.