La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) atribuyó a una declaración de la senadora Marcela Torres Peimbert (PAN) la decisión de cancelar la licitación del tren México-Querétaro, una obra de 50 mil 820 millones de pesos asignada a un consorcio de empresas chinas con GIA+A, de Hipólito Gerard –cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari–, y Constructora Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa, principal accionista de Higa.

Anunciaron que el nuevo contrato se firmará en junio o julio de 2015, aunque, debido a la cancelación, la Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto respectivo.

En una reunión con diputados que investigan el proceso de licitación, la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott Pérez, y el director de Transporte Ferroviario, Pablo Suárez Coello, afirmaron que el 6 de noviembre la senadora advirtió que solicitaría a la Cámara de Diputados no aprobar un centavo si no se aclaraban las bases de licitación.

Ambos funcionarios señalaron que a partir de esa advertencia, el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, le recomendó al presidente Enrique Peña Nieto no firmar el contrato. La postura de Torres Peimbert, señalaron, abrió una evaluación de los riesgos de continuar con el contrato y no contar con recursos.

El 6 de noviembre, en la víspera de su viaje a China y de que se publicara un reportaje sobre la Casa Blanca –propiedad de Higa y en uso de Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera–, así como siete días antes de que se aprobara el presupuesto, el Ejecutivo decidió cancelar la licitación.

Anoche, la versión de los funcionarios de la SCT fue cuestionada por diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes señalaron que se trata sólo de una excusa para eludir el presunto tráfico de influencias en favor de las empresas mexicanas concursantes.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) consideró la respuesta de Mascott y Suárez Coello como inaceptable, porque no es el Senado, sino la Cámara de Diputados –donde el PRI tiene mayoría– la que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Todo mundo lo sabe. ¿Y ahora nos quieren decir que cancelaron por la declaración de una senadora? Es una explicación sacada del realismo mágico. Sería una irresponsabilidad de la SCT lanzar la licitación sin recursos. Si ya estaba previsto, la cámara no podía detener los recursos, indicó.

En la reunión, el ex abogado de Televisa e integrante de la telebancada Antonio Cuéllar Estefan (Partido Verde) cuestionó por qué la SCT no concedió la prórroga que las otras empresas interesadas en el proyecto solicitaron. ¿Por qué contratamos a una empresa china y no las otras? ¿En qué medida se privilegia que se haya valorado la oferta de la empresa china?, preguntó.

Ricardo Mejía, vicecoordinador de MC, cuestionó que el problema de la asignación del contrato a Higa y GIA+A es el favoritismo, y casualmente son unos cuantos los que sacan los más jugosos contratos. Ante la insistencia de los funcionarios sobre el riesgo que representó la declaración de Torres Peimbert, el legislador punzó: Nos lo dicen como si el PAN no aprobara todos los años el presupuesto.

En la recta final del encuentro, Suárez Coello aceptó que Higa sí tiene contratos con el gobierno federal por 40 mil millones de pesos. Pero igual que Grupo Carso y otras empresas, expuso.