Representantes legales de importadores de automóviles usados denunciaron ante el Órgano de Control Interno del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a tres funcionarios del SAT, quienes de manera injustificada dieron de baja a las empresas que solicitaron amparos para importar vehículos de Estados Unidos.

Los empresarios se quejaron de la actuación de Antonio Valdez Valdez, administrador de normatividad aduanera 1; Verónica Rosales Vela, administradora de identificación 4, y Armando Sandoval López, administrador central de identificación del contribuyente, por presuntos delitos de abuso de autoridad, colusión y contra la administración pública, quienes de manera injustificada, dijeron, les retiraron permisos, y por favorecer exclusivamente a empresas vinculadas con Humberto Obed Montiel Herrera, diputado suplente por el PT en el Congreso de Baja California, a quien se relaciona con presunto tráfico de amparos ilícitos para importar automóviles chocolates.

Muchos de los amparos que permitieron el ingreso de vehículos usados de ese país fueron concedidos por el titular del juzgado tercero de distrito con sede en Mexicali, José Neals André Nalda, quien fue suspendido del cargo en 2012 y acusado penalmente por el Consejo de la Judicatura Federal ante la Procuraduría General de la República, por favorecer, presuntamente, la introducción de automóviles ilegales al país.

Después de que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió públicamente ante la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz a revisar la forma en que ingresan vehículos usados al país –tan sólo de enero a mayo pasado se importaron 226 mil 372, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, de los cuales 90 por ciento se lograron mediante amparos–, los funcionarios del SAT señalados iniciaron una serie de acciones para que ya no pudieran continuar los negocios de los importadores, señalan en un escrito.

De acuerdo con las denuncias, a las cuales tuvo acceso La Jornada, el daño a los quejosos fue ordenado por el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, quien no tomó en cuenta la severa afectación para la cadena comercial de vehículos usados en el norte del país.

Las denuncias fueron presentadas el 28 de noviembre pasado por los representantes legales de varias empresas importadoras, quienes cuestionaron que con diversos pretextos, los funcionarios mencionados les hayan ordenado dejar de operar.

Todo lo contrario ha ocurrido con las empresas de Montiel Herrera, señalaron, ya que sus compañías importadoras no han sido afectadas, como es el caso de Promotora Multinacional de Comercio Exterior, Importación y Distribución Textilera, Grupo Comercio Exterior Globalizado, Tramitadora Litoral, Servicios Transnacionales de Comercio Exterior, Servicios Aduanales Platinum, Grupo Multinacional de Comercio, One Importación de Tractocamiones, Servicios Integrales de Logística y Servicios de Logística Internacional Baja One.

El pasado 8 de diciembre diversos importadores de vehículos tomaron las garitas principales de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Baja California con la exigencia de que deje de favorecer al monopolio de Montiel Herrera y se investigue y castigue a los funcionarios coludidos. El próximo viernes se reunirán con Aristóteles Núñez para plantearle sus demandas.