las penurias políticas de este año deberá agregar Enrique Peña Nieto el peligroso deshilachamiento del monigote de presuntas soluciones que le había armado el invasor de Michoacán, Alfredo Castillo. Era advertible a la distancia la mala factura de lo que el Comisionado Paulette había armado, pero la focalización en primer plano de Guerrero y Ayotzinapa dio a los mexiquenses (Castillo y su jefe, EPN) un tanque tarasco de oxígeno que ayer pareció ya insuficiente.

Como en Guerrero, la administración federal empujó a los gobernadores en funciones hacia la puerta de salida, pero no para colocar opciones fuertes, con base social y experiencia de gobierno. En Chilpancingo fue instalado Rogelio Ortega, quien era funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero, una pieza menor, bajo la tutela de la secretaria federal de Desarrollo Social, Rosario Robles. Y en Morelia se escogió a otro personaje manejable, Salvador Jara, quien era rector de la principal universidad pública, para ponerlo bajo la tutela del comisionado Castillo. Así que lo que está sucediendo en ambos estados es responsabilidad plena del intervencionismo federal. Es decir, de Los Pinos.

En Michoacán se ha jugado literalmente con fuego. Primero se impulsó el surgimiento de grupos de autodefensas, apoyados y vigilados por policías federales y soldados. Luego se buscó someter a los líderes de esos grupos, encarcelando al más conocido de ellos, pleno de claroscuros, Juan Manuel Mireles (quien ya negoció su libertad y apaciguamiento, según denuncia de su peculiar abogada que por ello ya abandonó el caso), y enrolando en las filas de la Fuerza Rural (FR) a otros, como Hipólito Mora y el llamado Papá Pitufo, Estanislao Beltrán, recientemente nombrado primer comandante de la citada FR en Apatzingán.

Ayer, la falsa paz michoacana estalló. Un enfrentamiento a tiros entre el grupo dirigido por Hipólito Mora y el de Luis Antonio Torres, apodado El americano, dejó muerto a uno de los hijos del primero, entre versiones de más fallecimientos (se hablaba de seis, cuando menos) y heridos que a la hora de cerrar esta columna no se habían confirmado. Esa explosión violenta es resultado de las fallas profundas del proyecto de solución a Michoacán que ha desarrollado el comisionado Castillo (él había hecho a Mora y Torres estrecharse de mala gana las manos, para fotografía propagandística de todo arreglado). Nada ha cambiado de verdad en esa entidad. El negocio del narcotráfico sigue adelante (aunque ahora se busca que haya otros gerentes, los de la nueva circunstancia política nacional), el jefe local, La Tuta, no ha sido detenido y ya ni siquiera se le busca cuando menos para efectos escenográficos, y las elecciones de gobernador penden de un delgado hilo como las de Guerrero. ¡A buscar la paz michoacana en el resquicio de algún colchón federal, comisionado fallido!

En otro episodio del desfondamiento nacional, el ingeniero Raúl Salinas de Gortari emergió ayer como una especie de modelo cívico a seguir (mártir injustamente maltratado durante años por una persecución desde el poder), pues el último de los procesos judiciales que libraba le fue también obsequiado favorablemente, así que en términos estrictamente técnicos es un ciudadano sin mancha delictiva alguna, en goce y disfrute pleno de las propiedades y riquezas acumuladas a lo largo de una vida de intenso trabajo porcentual, digno de ser recibido y elogiado (como ya lo es) en saraos de alta sociedad donde sus métodos de enriquecimiento son vistos con envidia ansiosa de compartir el paraíso de los moches.

La exculpación rotunda de quien ahora es el hermano cómodo se produce en momentos de fuerte oposición al enriquecimiento de funcionarios públicos, sus familias y pandillas a partir de negocios, concesiones, contratos y operaciones inmobiliarias y empresariales como las que estelarizó de manera apabullante el mencionado Raúl durante la administración federal que encabezó su consanguíneo Carlos. Con ese golpe de cinismo judicial, las instituciones proponen a los mexicanos el tipo de ciudadano que desean y premian, y exterminan las pocas esperanzas que hubiera de que el aparato judicial mexicano pudiese impartir justicia. Nuevamente poderoso, a pesar de ciertos desencuentros tácticos con el actual ocupante de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari demuestra que las camarillas dominantes pueden manejar a su antojo y conveniencia a los poderes formales, y que más valen Casa Blanca y de Malinalco en mano (que no dejan de ser sino ínfimos botones de muestra de la corrupción de altísimo nivel) que doblegables acusaciones judiciales volando.

Es natural que en Estados Unidos haya preocupación por los signos de ingobernabilidad en México. A fin de cuentas, las reformas peñistas convirtieron en asunto de seguridad nacional gringa lo que suceda en su traspatio petrolero. Los poderes reales de aquel país se sienten legitimados para actuar en defensa de sus intereses, sobre todo en materias de migración que se pudiera desbordar, de protestas públicas y violencia callejera que pudiera devenir en cambios políticos lesivos a Washington y en inestabilidad o plena insurrección que pusieran en riesgo los terminos contractuales por firmar para que la riqueza energética mexicana pase al inventario imperial.

Ayer, en una visita cuyos términos declarativos oficiales son lo de menos, pues nunca se dice a la prensa lo que realmente importa e interesa en esos encuentros, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Jeh Johnson, fue recibido por Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Oficialmente se habló de migración y seguridad fronteriza, pero el contexto mayor y definitorio está en la visita que el próximo 6 de enero hará el mexiquense a la Casa Blanca (la de Washington, no la de Las Lomas), donde Barack Obama, a pesar de su debilidad política actual, tratará de fijar ruta a la maltrecha nave de tres colores. ¡Hasta mañana!

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