n las últimas semanas las noticias sobre la violencia policial y la impunidad en México y Estados Unidos hacen inevitable ver las similitudes entre los dos contextos de racismo institucional y criminalización de la protesta social. En ambos países los encabezados periodísticos han estado dominados por historias de violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. En Estados Unidos, el asesinato por la policía de varios hombres afroestadunidenses desarmados en distintas ciudades del país; en México, el asesinato de seis estudiantes y la desaparición forzada de 43, la mayoría indígenas, por fuerzas policiacas que los entregaron a la organización criminal Guerreros Unidos. Ambos hechos ponen en evidencia lo desechables que son los jóvenes pobres indígenas y negros en sociedades racistas y racializadas.

Si bien en Estados Unidos el tema del racismo ha estado en el centro del debate político en torno a la violencia policial, en México ha sido poco abordado por los analistas. El que la mayoría de los 43 estudiantes desaparecidos sean indígenas apenas se ha mencionado en algunos de los reportajes sobre Ayotzinapa, mientras en las redes sociales y en los mismos medios de comunicación han abundado las expresiones racistas en torno a los jóvenes y a sus familias. El caso más indignante es el de Victoriano Pagoaga, subdirector de Becas Nacionales de Conacyt, quien en su cuenta de Facebook expresó: “Pues es un crimen entre hermanos, morenacos matando a otros morenacos… caray, entonces es un perricidio morenaco” (ver http://www.tiempo.com.mx/_notas/1999340 ). El hecho de que un alto funcionario del principal organismo público que se dedica a promover la educación superior en ciencia y la tecnología se haya expresado en esos términos en momentos de tanto dolor e indignación, sin ninguna consecuencia, nos habla de la manera en que el racismo está naturalizado en la sociedad mexicana. No hubo despidos, ni disculpas públicas, sólo un deslinde institucional por Conacyt señalando que eran opiniones a título personal del funcionario.

En los dos países se han dado protestas masivas y expresiones de rabia colectiva ante los abusos, que han sido percibidos en ambos contextos como la punta del iceberg. Tanto en México como en Estados Unidos la respuesta oficial ante la protesta ha sido la criminalización, lo que ha profundizado el descontento social. Llama la atención que hasta los términos utilizados por Enrique Peña Nieto (17/11/14) y por Barack Obama (26/11/14) ante los medios de comunicación son muy similares, cuando advirtieron ante la ola de protestas que aplicarían toda la fuerza de la ley ante quienes atentaran contra el orden público.

En relación con los dos países, Naciones Unidas ha hecho declaraciones muy similares, denunciando tanto la represión contra la protesta como los hechos que generaron la misma. Tanto el Comité de la ONU contra la Tortura como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial criticaron a los policías de Estados Unidos por la violencia contra población previamente estigmatizada ( targeted population), expresando: Profunda preocupación ante las frecuentes y recurrentes balaceras policiacas y persecuciones mortales contra individuos negros desarmados. Las protestas se han extendido por todo el país a partir del asesinato de Michael Brown, un adolescente afroestadunidense desarmado que fue baleado por un policía blanco en Ferguson, Misuri. Este hecho fue seguido por represión contra los manifestantes y más balaceras mortales contra jóvenes desarmados, entre ellos un niño de 12 años de edad en Cleveland, Ohio. La respuesta gubernamental ante las protestas fue un despliegue policial muy amplio, que creó un ambiente de guerra interna, lo que ha llevado a un debate sobre la militarización de las fuerzas policiacas en Estados Unidos.

De manera similar el representante para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, condenó la violencia policial y señaló la responsabilidad del Estado en lo que caracterizó como desapariciones forzadas en el caso de Ayotzinapa, señalando en torno a la criminalización de las protestas que la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos vulneran los derechos humanos y socavan el ejercicio de las libertades públicas que debe ser incentivado y protegido por las autoridades ( La Jornada, 5/12/14).

En ambos países las respuestas oficiales han reforzado la impunidad profundizando el descontento colectivo. En el caso mexicano, ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, responsable intelectual del asesinato de los seis estudiantes y la desaparición forzada de 43 jóvenes de Ayotzinapa, había tenido una acusación penal en mayo pasado por el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona junto con siete activistas del Frente de Unidad Popular (FUP), cuyos cadáveres fueron encontrados con huellas de tortura practicada con un sadismo acentuado. Con la complicidad del Poder Judicial, Abarca nunca fue juzgado, por falta de pruebas. Si hubiera sido detenido desde entonces, probablemente se habría evitado la tragedia humana que se vivió en Iguala el pasado 26 de septiembre.

En Ferguson, el gran jurado se negó a levantar cargos contra el agente que disparó a Michael Brown, por considerar que no había causa probable de homicidio. Días después, en un hecho que parecía orquestado para generar más indignación colectiva, otro gran jurado decidió exculpar al policía blanco que asesinó a Eric Garner, un afroestadunidense que murió en julio pasado a consecuencia del uso excesivo de la fuerza policiaca, cuando fue asfixiado por un policía que lo detuvo por vender cigarrillos de manera ilegal en la ciudad de Nueva York.

En Estados Unidos, los familiares de los jóvenes afroestadunidenses asesinados y sus familias han sido desacreditados, presentando a Brown y Garner como criminales para justificar sus asesinatos. De igual manera en México, los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa han sido caracterizados como radicales y su escuela como cuna de guerrilleros, argumentando que si no se hubieran involucrado en protestas sociales no habrían sufrido la violencia policial y del crimen organizado. A pesar de las grandes diferencias económicas y sociales que separan a los dos países, el racismo, la impunidad, la violencia de Estado y criminalización de la protesta social, unen las realidades que se viven en ambos lados de la frontera.

* R. Aída Hernández es profesora-investigadora de Ciesas-México y Shannon Speed es profesora de la Universidad de Texas en Austin y directora del Centro de Estudios Nativo Americanos e Indígenas.