Los enfrentamientos ocurridos el domingo pasado en Chilpancingo entre policías y activistas solidarios con los normalistas de Ayotzinapa forman parte de una estrategia para perseguir y criminalizar a quienes exigen el esclarecimiento del caso y la aparición con vida de los jóvenes agredidos, señalaron familiares de los estudiantes y los abogados que los acompañan.

En conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó que desde hace varios días se cierne sobre el movimiento por la presentación con vida de nuestros desaparecidos una estrategia que busca perseguir y criminalizar a todos los colectivos que se solidarizan con los estudiantes.

Consideró que los choques ocurridos en la capital de Guerrero antes de que se llevara a cabo un concierto en solidaridad con Ayotzinapa es el más reciente de una serie de hechos represivos contra los padres y las madres de los normalistas.

Como parte de esa dinámica, recordó, las autoridades ya habían tratado de vincular a los jóvenes con el grupo delincuencial Los Rojos. Además, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional fichó a los abogados que acompañan a los familiares de las víctimas, y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, afirmó que los padres de los normalistas eran manipulados por grupos que sólo buscan intereses particulares.

Reiteró que lo ocurrido el domingo en Chilpancingo fue provocado por un grupo de policías en estado de ebriedad, que rompió las vallas del sitio donde se iba a realizar el concierto, y luego se presentó como víctima de las agresiones de maestros.

Es una clara provocación de la Policía Federal para criminalizar y endurecer la política represiva y dar una salida violenta al conflicto. Ahora tienen el pretexto perfecto para reprimir a gran escala, advirtió Rosales.

Por otra parte, el abogado exigió que las autoridades exploren la línea de investigación según la cual la Policía Federal y el Ejército tuvieron un papel activo en las agresiones contra los normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre, como publicó la revista Proceso.

Felipe de la Cruz, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, sostuvo que “es claro que el gobierno federal busca desestabilizar de una u otra manera este movimiento (…) Hoy nos damos cuenta de que nos está utilizando para intimidar a todas las organizaciones sociales que están en búsqueda de los jóvenes, porque  no ha podido desmembrar el movimiento y está cayendo en la desesperación”.

De la Cruz afirmó que si el objetivo del gobierno federal es cerrar el caso, los padres y las madres de los jóvenes están dispuestos a seguir buscando a sus hijos de forma independiente.

Si creen que al cerrarlo nos vamos a sentar, no va a haber vacaciones para nosotros y no las tiene que haber para ellos. Si no tenemos Navidad ni Año Nuevo, tampoco ellos lo van a tener porque vamos a seguir en la acción. Ya no tenemos miedo a la represión, nos quitaron hasta eso y nos dejaron la rabia y la energía para seguir buscando, enfatizó.

De igual forma, aseveraron que los contactos con las autoridades están suspendidos por el momento y lamentaron que el presidente Enrique Peña Nieto sea insensible ante el dolor de los padres, como lo demuestra el hecho de que nunca llamó a los familiares de Alexander Mora Venancio, el normalista cuyos restos fueron identificados por un laboratorio en Austria.