Raúl Salinas de Gortari y las personas que presuntamente fungieron como sus prestanombres, entre ellos Juan Manuel Gómez Gutiérrez, podrán hacer uso de las cuentas bancarias y recuperar las más de 30 propiedades que les fueron requisadas desde 1996 por el caso del presunto enriquecimiento ilícito que se imputaba al ingeniero, a partir de enero próximo, cuando el Poder Judicial Federal (PJF) regrese de su periodo vacacional decembrino.

Funcionarios judiciales que conocen del caso confirmaron ayer a La Jornada que la Procuraduría General de la República (PGR) ya perdió en tribunales federales cualquier posibilidad de demostrar que el hermano del ex presidente Carlos Salinas es culpable de ese delito, ya que el tercer tribunal unitario penal confirmó el pasado viernes una sentencia de libertad que absuelve al ingeniero de un supuesto enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos.

Añadieron que la PGR ya no puede impugnar la sentencia del tribunal unitario y lo único que le queda es la posibilidad de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el secretario de acuerdos que firmó la sentencia absolutoria.

Según funcionarios de la PGR consultados el secretario del tercer tribunal unitario, Fermín Cotero, firmó la sentencia absolutoria sin justificar la urgencia o premura de resolver el caso, máxime cuando ese tribunal se encuentra acéfalo, pues la magistrada que lo encabezaba, Martha del Carmen Hernández, es actualmente consejera de la Judicatura Federal.

De las cuentas bancarias que fueron congeladas por la PGR al menos cinco están a nombre de Juan Manuel Gómez Gutiérrez, y en conjunto superan 40 millones de pesos, informaron funcionarios del PJF.

Se trata de las cuentas registradas con números 2648629, en Banamex; 9720834-4, de la desaparecida Banca Cremi; 16-70837-3, del Banco del Atlántico, y 5216457-1, de Bancomer. Todas están a nombre de Gómez Gutiérrez.

También la cuenta 001-1089763-5 de Bancomer, registrada a nombre de Agropecuaria Mendocinas, administradora de la hacienda Las Mendocinas, en Puebla.

Esas cuentas fueron congeladas a partir de agosto de 1999.

El año pasado el juez de primera instancia que conoció del caso Salinas de Gortari ordenó liberar la intervención a la finca El Encanto, conocida por la siembra de la falsa osamenta de Manuel Muñoz Rocha, acusado por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Además, el juez devolvió a María Dolores Eliza Aguilar Vega, administradora única de Inmobiliaria Contadero, el terreno de 16 mil 556 metros cuadrados en la delegación Cuajimalpa.

Otras cinco de las 41 propiedades inicialmente requisadas por la PGR fueron transferidas al Servicio de Administración de Bienes, por lo que bastará que el tercer tribunal unitario notifique en enero próximo de la sentencia absolutoria para que el ingeniero Salinas las recupere.

Durante los 19 años que duró el proceso por enriquecimiento ilícito contra el llamado hermano incómodo, sólo en una ocasión los abogados del ingeniero promovieron un recurso denominado incidente no especificado, con la intención de recuperar los bienes requisados por la PGR, 25 de los cuales están ubicados en el Distrito Federal, cinco en Guerrero, cinco en Morelos y el resto en Baja California Sur, Oaxaca, Jalisco, estado de México, Puebla y Querétaro.